REGIÓN
Avanza intervención catastral en 16.000 hectáreas reclamadas en Meta y Guaviare
La restitución de tierras avanza a paso firme en los departamentos de Meta y Guaviare, para dar respuesta a las 12.128 solicitudes de la jurisdicción.
Durante la vigencia 2024, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) adelantó labores de georreferenciación de 16.000 hectáreas, como apoyo para la identificación y levantamientos topográficos en 185 predios reclamados en 28 municipios.
Con el uso del dron de última tecnología Wingtra, profesionales del área Catastral de la Dirección Territorial Meta realizaron labores de georreferenciación de 2.000 hectáreas y capturaron ortofotografías con una precisión de dos centímetros. Estos productos cartográficos son los resultantes del tratamiento digital de fotografías aéreas.
Las labores catastrales cuentan con el apoyo de la Fuerza Pública, que durante la pasada vigencia acompañó un total de 218 salidas a terreno en las etapas administrativa, judicial y de cumplimiento del proceso de restitución de tierras.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta y Guaviare, se refirió al avance de esta política en la región: “durante los 13 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1.438 personas han sido beneficiadas con 306 sentencias, que ordenan la devolución de 74.825 hectáreas a campesinos e indígenas que fueron despojados o debieron abandonar sus tierras forzosamente por cuenta del conflicto armado en los llanos orientales”.
Además, 111 familias restituidas han puesto en marcha proyectos productivos agropecuarios, que les garantizan su seguridad alimentaria y sostenibilidad, con una inversión de $3.293 millones de pesos en líneas como ganadería, porcicultura, apicultura, así como cultivos de cacao, aguacate, cítricos, entre otros.
A la fecha, la URT ha llevado 1.524 casos de ruta campesina ante los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras en Meta y Guaviare.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – Dirección Territorial Meta
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
