NACIONALES
Avanza en el Congreso el proyecto de ley que busca reconocer la educación como derecho fundamental
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por mayoría el proyecto de Ley Estatutaria de la Educación con 95 votos a favor, superando la votación requerida.
Los congresistas negaron las proposiciones que pretendían eliminar parte del articulado, con lo cual el debate continuará el próximo lunes 8 de abril.
Garantizar el derecho fundamental a la educación, regularlo y establecer las condiciones necesarias para su protección es el objetivo del proyecto radicado hace siete meses.
En la elaboración de este proyecto participaron más de 53.000 personas de todo el país. El proyecto define la educación como un derecho que abarca todos los niveles y edades (prejardín, jardín, transición), pasando por la educación básica, media y superior.
Incluye también un capítulo especial para que los adultos que no terminaron sus estudios puedan hacerlo cuando lo deseen, además de un artículo que define el derecho fundamental a la educación para las personas privadas de la libertad.
“Buscamos garantizar con apoyo del Congreso de la República que las y los colombianos logren acceder a educación como un derecho fundamental en todos los niveles’, afirmó la ministra de Educación, Aurora Vergara.
Control político permite mostrar los grandes avances del sector
Este martes también se llevó a cabo un debate de control político a la ministra de Educación en la Comisión Sexta del Senado, durante el cual la funcionaria expuso los avances de los planes y programas que adelanta el sector para garantizar que la educación de calidad y pertinencia llegue a todas las regiones del país, promoviendo la equidad y la justicia social.
‘La apuesta de educación en este gobierno pone en el centro la dignidad humana. Estamos invirtiendo más recursos para ampliar la cobertura, promover la formación integral, mejorar la infraestructura educativa, especialmente en zonas rurales y dignificar la labor docente’, sostuvo la ministra.
Entre los logros expuestos por la jefe de la cartera se destacan los del Plan de Infraestructura Educativa, a través del cual se han entregado 444 colegios en 228 municipios, con una inversión de 2,5 billones de pesos.
En 2024, el Ministerio avanza en la ejecución de 767 nuevas obras y mejoramientos, especialmente en zonas rurales.
Disminución de la deserción escolar y alimentación escolar mejorada
La ministra de Educación afirmó que ‘gracias a las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional, se están viendo resultados positivos en la disminución de la deserción escolar. Pasamos de 4,37 % en 2022 a 3,93 % en 2023’.
Una de las iniciativas que promueve el acceso, la permanencia y el bienestar de los estudiantes en las escuelas es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a 5.700.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país, aportando también a la meta del programa Hambre Cero del Gobierno Nacional.
De forma adicional, se invierten 100 mil millones de pesos para garantizar, por medio del PAE, la seguridad alimentaria de los estudiantes a lo largo del año, entregando canastas de alimentos durante las épocas de receso escolar.
‘La educación de calidad y pertinencia para los territorios debe ser un derecho fundamental que les permita a todas y todos los colombianos vivir con dignidad en condiciones de equidad’, concluyó la ministra de Educación.
Fuente: Ministerio de Educación
NACIONALES
Ecopetrol libera cerca de 60 millones de barriles diarios de gas natural para garantizar suministro nacional
El Grupo Ecopetrol continúa adoptado decisiones estratégicas que garanticen el suministro de gas natural en todo el país.
A la asignación adicional de 2,7 Gbtu (millones de barriles diarios) de gas natural para garantizar el suministro de gas natural vehicular en Casanare y Meta, se suma un nuevo anuncio de comercialización del energético.
A partir del 1º de diciembre de 2025 la compañía ofrecerá para la venta entre 46 y 60 Gbtud de sus campos del Piedemonte Llanero. Estas cantidades equivalen aproximadamente al 20% de la demanda residencial, comercial y de gas natural vehicular del país.
La empresa estatal informó que este gas adicional estará disponible desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, y se ofrecerá en dos modalidades definidas en la regulación vigente:
– En firme, que garantiza el suministro continuo durante el periodo contratado.
– Con interrupciones, que permite suspender el suministro en caso de limitaciones, según las reglas establecidas.
De acuerdo con Ecopetrol, en la modalidad ‘En firme’ se ofrecerán cantidades que van desde 23 hasta 35 Gbtud para los meses de marzo a mayo de 2026, y serán comercializadas durante el trimestre de negociación que inicia en diciembre de 2025.
Y en la modalidad de ‘Interrumpible’ se ofrecerán cantidades desde 22 hasta 49 Gbtud para los meses de diciembre de 2025 a mayo de 2026, y serán comercializadas mensualmente, teniendo en cuenta las condiciones regulatorias vigentes que señalan que para el trimestre de diciembre a febrero sólo se permite la comercialización de gas bajo la modalidad Interrumpible.
“En Ecopetrol seguimos comprometidos en el abastecimiento de gas natural para todos los colombianos. Gracias a esfuerzos recientes de eficiencia, optimización y sustitución energética en varios de nuestros procesos productivos por energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, podemos liberar mayores volúmenes para amentar la oferta de gas provenientes de nuestros campos en el Piedemonte Llanero”, declaró Bayron Triana Arias, Vicepresidente Ejecutivo de Energías para la Transición, de Ecopetrol.
Agregó el directivo que este incremento en la oferta refleja el compromiso de la compañía estatal con el país y con la transición energética. “Así avanzamos hacia un futuro con más energía limpia y más seguridad energética para todos los colombianos, y se contribuye al cumplimiento de los objetivos de descarbonización y las metas de transición energética del Grupo Ecopetrol”, aseguró.
NACIONALES
La JEP no aceptó al exjefe jurídico de la Gobernación de Casanare en gobierno de Raúl Flórez
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento presentada por Henry Villarraga Oliveros, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que no cumplió con el requisito de aportar verdad plena, presentó argumentos exculpatorios y negó la existencia de patrones macrocriminales ampliamente demostrados en su contra.
Según la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Villarraga omitió información clave que habría permitido esclarecer su presunto papel en el encubrimiento de graves crímenes del conflicto armado, particularmente en el caso del coronel (r) Robinson González del Río, investigado por ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
La JEP recordó que contra Villarraga cursan varios procesos penales y disciplinarios por, presuntamente, ofrecer asesoría ilegal al oficial retirado y comprometerse a influir para que uno de sus procesos fuera trasladado a la Justicia Penal Militar, buscando garantizar impunidad frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El tribunal especial concluyó que el exmagistrado incumplió las condiciones básicas exigidas para acceder a los beneficios del sistema transicional, pues su aporte se limitó a justificar sus actuaciones con argumentos jurídicos y a cuestionar el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, alegando una supuesta “guerra jurídica” contra miembros de la fuerza pública.
Para la Sala, requerir nuevamente al solicitante para que hiciera un aporte de verdad sustancial representaría un desgaste injustificado del aparato judicial, más aún cuando Villarraga ha tenido múltiples oportunidades para hacerlo en los procesos que se adelantan en su contra.
El expediente fue remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde cursa un proceso disciplinario en etapa de acusación y otro penal cuya apertura quedó sin efectos. La JEP, además, rechazó cualquier discurso estigmatizante o desobligante frente a las víctimas, la sociedad y las instituciones del Estado.
El Senador José Vicente Carreño Castro radicó el Proyecto de Ley 135 de 2025 que reconoce y establece “a los agentes de protección o escoltas requeridos como una profesión y/u oficio de alto riesgo”, en la medida que este trabajo está en proteger a personas con la posibilidad de sufrir un atentado, por lo que deben prevenir y enfrentar este tipo de eventualidad, lo que de inmediato los convierte también en blanco de los agresores.
Carreño Castro reveló que “al establecer de alto riesgo esta profesión u oficio, los agentes de protección o escoltas quedan cobijados en las ´Pensiones especiales de vejez´, establecido en los Artículos 3 al 10 del Decreto 2090 de 2003, adicionando esta iniciativa legislativa una modificación al Artículo 8 –modificado a la vez por el Artículo 1 del Decreto 2655 de 2014- en el sentido de que este régimen especial de pensión, incluye a los trabajadores vinculados a esta actividad hasta el 31 de diciembre de 2034, y no solo hasta el 31 de diciembre de 2024, como lo establece el mencionado Decreto 2655”.
La iniciativa legislativa –que ahora pasa a la Comisión VII del Senado- le fija al SENA la tarea de estructurar “un pensum académico con ciclos de competencias laborales, técnico, tecnólogo y profesional en seguridad dirigido este personal, para lo cual podrá celebrar convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales”, con el fin de que este ejercicio no solo sea considerado un oficio, sino además como una nueva profesión con todos la validación constitucional y legal, como la plantea el mencionado proyecto de ley.
