REGIÓN
Avanza diálogo con productores de cebolla afectados por las pérdidas económicas
La Secretaría de Agricultura de Boyacá ha entablado un diálogo con los productores de cebolla que reportan pérdidas significativas, debido a varios factores que han afectado la producción y sus ingresos.
Los voceros de los productores cebolleros dieron a conocer las principales causas de la crisis:
- Bajos precios causados por el aumento desmedido de importaciones, ya que todas las plazas del país están llenas de cebolla importada y no se protege la producción nacional, pues los controles fronterizos no son suficientes para afrontar este problema.
- Altos costos de producción, ya que el gremio cebollero colombiano no cuenta con una agricultura subsidiada como es el caso de Ecuador, lo que hace que sus costos de producción se reduzcan en un 50 por ciento.
Actualmente, la producción nacional de cebolla cubre la demanda del país, por tal motivo, se debe proteger la economía de las más de 100.000 familias que viven de este cultivo en más de 266 municipios productores, ubicados en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Nariño Santander, Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca Tolima y Huila.
Las casas proveedoras de semillas de cebolla han desarrollado material vegetal para variedad de pisos térmicos, lo que ha incrementado los cultivos. Adicionalmente, el esquema productivo nacional no cuenta con datos precisos del área de siembra, por lo cual se desconoce la producción real.
Los productores aseguran que otro punto clave a tener en cuenta es que Corabastos Bogotá, entidad de economía mixta de la cual hace parte el Gobierno nacional, es donde se fija el precio de los productos de la canasta familiar a nivel nacional, razón por la cual, se necesita intervención institucional, ya que, según ese gremio, “existe un monopolio desmedido de pocos comerciantes, quienes terminan pagando, de acuerdo con sus intereses, el trabajo del campesinado”.
Ante esta situación, el Gobierno departamental junto con la Asamblea de Boyacá ha entablado un diálogo con los actores afectados (representantes de los sectores productivos y organizaciones de agricultores) en el que se han escuchado las diferentes problemáticas que afronta el sector para explorar soluciones conjuntas que permitan superar la crisis.
Desde la Gobernación de Boyacá se hace un llamado a la acción de todas las entidades competentes del Gobierno nacional, en especial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Policía Nacional y Policía Fiscal y Aduanera, así como la Agencia de Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y CORABASTOS, para que se implementen medidas urgentes que apoyen a los productores.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
