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Autoridades rechazaron brutal ataque a misión médica en Barranca de Upía
La E.S.E. Departamental ‘Solución Salud’ rechazó los actos de vandalismo y ataque contra la misión médica ocurridos en la madrugada del lunes en Barranca de Upía y exigió respeto por el cuerpo de profesionales y las instalaciones de sanidad en los municipios.
De acuerdo al relato del cuerpo médico, sobre la 1:30 a.m. ingresó un paciente herido por arma corto punzante en la espalda profunda y sangrante, producto de una riña callejera, el cual es trasladado de inmediato a urgencias en donde los médicos trataron de suturar y estabilizar, pues debería trasladado a un centro primario por el abundante sangrado.
Sin embargo, al momento de suturar, ingresó un segundo paciente que estaba involucrado en la riña con una herida en la mano. En el instante en que se dan cuenta de que allí estaba el otro herido involucrado en el altercado, el segundo llama a amigos, quienes llegan a las instalaciones y empiezan a destruir las instalaciones y a agredir al personal médico.
Aproximadamente 50 o 60 personas empezaron a destruir las instalaciones, por lo que de inmediato se llamó a la Policía, procediendo a controlar la riña hasta después de las 3:30 a.m.
Los repudiables hechos dejaron como resultado un médico con fractura de antebrazo derecho, que además de agredido fue amenazado con cuchillo durante los hechos. Por si fuera poco violentaron verbalmente y amenazaron de muerte a la auxiliar, al médico agredido, a otra médica y al director del hospital local al que le dieron 24 horas para que abandone el municipio.
“Lo grave de esta situación, es que los dos médicos que estaban en el servicio de urgencias la noche anterior me acaban de renunciar, dicen que no continúan en el municipio y ese es el inconveniente que vamos a tener para poder volver a dar el servicio de urgencias, porque es manejado por rurales y esas plazas no son fáciles de reemplazar”, afirmó Hernán Mojica Molinares, gerente de la E.S.E Departamental del Meta ‘Solución Salud’.
Además, la sala de urgencias está totalmente destruida sumado a otras áreas del hospital que fueron afectadas por el irracional ataque.
Mojica Molinares reiteró que la misión médica debe ser respetada y mantenida al margen de cualquier conflicto y libre de la violencia delincuencial, pues su único objetivo es salvar vidas.
Fuente: Gobernación del Meta
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
