CASANARE
Autoridades buscan frenar el transporte informal o “pirata” en Casanare
Frente a la situación que se vive en la actualidad debido a la pandemia por Covid-19 algunos sectores han tenido que ingeniárselas para salir adelante económicamente.
Como es bien sabido el transporte público terrestre reabrió sus servicios bajo unas estrictas medidas impartidas por el Gobierno Nacional y raíz de ello se han presentado situaciones del llamado transporte ‘pirata’ o mejor conocido como transporte informal, donde los conductores aprovechando la situación y buscando generar recursos, ofrecen un servicio particular a diferentes sectores del Departamento e incluso fuera de él.
El Capitán Walther Fuentes, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Casanare, señaló que una vez descubierta la persona realizando este tipo de transporte, se verá expuesta a una sanción económica de aproximadamente un salario mínimo, a la inmovilización del vehículo o la pérdida o suspensión de la licencia.
Recordó a la comunidad que hace uso de este tipo de transporte, que en caso de un accidente de tránsito, no tiene ninguna garantía legal de protección, a diferencia de los vehículos que si están autorizados para el transporte público terrestre de personas como las empresas Libertadores, Morichal, Concorde, entre otras, que cuentan con pólizas y seguros.
De igual forma, aclaró que si un conductor decide de manera solidaria transportar a una persona porque lo requiere, sin ningún tipo de cobro, no habría inconveniente, el problema radica cuando el conductor del servicio particular ofrece su servicio a cambio de dinero.
Finalmente, indicó el Capitán Fuentes, que ya tienen conocimiento de unos grupos de WhatsApp liderados por algunas personas especialmente al norte del Departamento, donde no solo entregan información sobre la ubicación de las unidades policiales sino también del servicio policial, este último, con el fin de presuntamente atentar contra los uniformados, situación que según el Jefe de la Seccional de Tránsito, ya está siendo objeto de investigación.
CASANARE – MOVILIDAD Seccional de Tránsito y Transporte.
MOVILIDADActividades de control frente al transporte informal o "pirata" realiza la Seccional de Tránsito y Transporte de Casanare de la Policía Nacional. El capitán Walther Fuentes, jefe de la Seccional, dijo que estos conductores se ven expuestos a la inmovilización del vehículo, multas y hasta la pérdida de la licencia. Recordó a la comunidad que este tipo de transporte, en caso de un accidente, no tiene ningún tipo de garantía legal de protección.
Posted by El Diario Del Llano on Tuesday, June 30, 2020
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
263 kilómetros de vías terciarias fueron intervenidas por la Alcaldía de Yopal durante 2025
La Alcaldía de Yopal informó que ejecutó durante 2025 un amplio paquete de obras en infraestructura que impactó tanto la zona urbana como rural, con la intervención de más de 61 kilómetros de vías en la ciudad y la recuperación de 263 kilómetros de corredores terciarios. Estas acciones mejoraron la transitabilidad, redujeron tiempos de desplazamiento y elevaron las condiciones de seguridad vial.
En el área urbana, se rehabilitó la carpeta asfáltica en 1.361 puntos críticos distribuidos en varias comunas, junto con la intervención de 11,8 kilómetros de vías en afirmado en sectores sin pavimentación. Los trabajos incluyeron reconformación, extendido de material y compactación, optimizando la movilidad en barrios con mayores dificultades de acceso.
¿Y en la zona rural?
En la zona rural, las obras beneficiaron a más de 30 veredas y centros poblados, impactando a cerca de 28.470 habitantes. Además de la recuperación vial, se adelantó la pavimentación de 3,2 kilómetros en tramos estratégicos y se ejecutaron obras hidráulicas y de estabilización para garantizar mayor durabilidad de la infraestructura.
En materia de servicios públicos, se fortaleció el sistema de agua potable con la conexión de la línea de aducción desde la quebrada La Tablona hasta la PTAP, aumentando la capacidad de conducción de agua cruda. A esto se sumó la construcción de una glorieta en la carrera 29 con calle 11, con soluciones de drenaje que contribuyen a mitigar inundaciones y mejorar la movilidad en este punto clave de la ciudad.
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Juventudes, lideró una mesa de trabajo interinstitucional para consolidar la estrategia “¡El Skate Park es de todos!”, orientada a la protección, activación y recuperación del Parque Extremo. Esta iniciativa surge como respuesta a las necesidades planteadas por las juventudes usuarias del escenario, con el objetivo de transformar este espacio en un entorno seguro, incluyente y activo.
Durante el encuentro se definieron acciones enfocadas en mejorar la seguridad y la convivencia, optimizar la iluminación, realizar mantenimiento a la infraestructura y fortalecer la gestión ambiental. Además, la estrategia contempla la activación deportiva y cultural del parque, así como la implementación de procesos de prevención y el impulso de liderazgos juveniles que permitan una apropiación positiva del lugar.
La jornada contó con la participación de diversas entidades como el Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal (IDRY), el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal (ICTY), la Policía Nacional, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, el ICBF y la Plataforma Municipal de Juventudes, entre otras, que de manera articulada establecieron compromisos para el mejoramiento integral del escenario. Asimismo, se acordó realizar seguimientos bimestrales para evaluar avances y garantizar el cumplimiento de las acciones.
Como parte de esta apuesta, la Administración Municipal proyecta una hoja de ruta que busca consolidar el Skate Park como un referente de cultura urbana, deporte no convencional y participación juvenil en Yopal, promoviendo su uso responsable y sostenible como un espacio clave para el desarrollo social de la ciudad.
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
