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Autoridades adelantaron varios operativos para garantizar la seguridad en Granada
Para contrarrestar los delitos que afectan a los ciudadanos, la Policía Nacional se tomó las calles de Granada, allí se desarrollaron tres casos que permitieron materializar cuatro capturas: tres de ellas en flagrancia y una más por orden judicial.
Caso No. 1: Dos hombres de 30 y 35 años de edad fueron capturados en el barrio El Bosque, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y receptación. En este hecho, a los individuos les fue incautada un arma de fuego tipo revólver y se logra la recuperación de una motocicleta, la cual presentaba una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, por el delito de hurto.
Uno de los sujetos capturados de nacionalidad venezolana, presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral acusatorio, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; en cuanto a la motocicleta de marca Suzuki, no presenta placa de identificación, sin embargo, se estableció por los guarimos del chasis y motor, que tenía orden de búsqueda y recuperación.
Caso No. 2: Un sujeto que minutos antes había hurto varios elementos de valor de una mujer, fue capturado por patrullas de vigilancia de la Policía quienes lo observaron en el instante en que intentaba emprender la huida. El hecho se registró en el barrio El Bosque, donde al parecer, el sujeto armado con un cuchillo amenazó a la víctima; sin embargo, en la reacción de los uniformados fue detenido y recuperado lo hurtado.
El agresor de 38 años de edad, no habría actuado solo, según información de la ciudadana víctima. Las autoridades policiales están tras la pista de su cómplice del cual se espera su captura en las próximas horas.
De acuerdo con sus antecedentes penales, presenta dos denuncias ante la Fiscalía por este mismo delito en los años 2017 y 2023.
Caso No. 3: También se registró la captura por orden judicial de un hombre de 45 años de edad quien es requerido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Granada por el delito de violencia intrafamiliar.
El detenido fue presentado ante la autoridad solicitante, donde un Juez de la República lo envió tras las rejas.
Fuente: Policía Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
