CASANARE
Atención a población carcelaria pone en aprietos al Alcalde de Yopal y al Gobernador de Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra 28 alcaldes por presunta falta de diligencia y efectividad para la toma de medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo, para proteger los derechos de la población carcelaria; no respuesta a requerimientos del Ministerio Público y desatención de mandatos de la Corte Constitucional.
El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, al instalar junto con la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, el encuentro sobre la situación carcelaria y derecho a la salud en Antioquia, advirtió que el origen de este proceso es la “negligencia extrema” de los alcaldes para atender esta “gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada”.
“En el caso de los alcaldes la negligencia ha sido extrema y por eso la presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos acoger ese llamado y de hecho estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado. Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto”, dijo el Jefe del Ministerio Púbico.
La indagación cobija a las alcaldías de Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Tunja, Manizales, Cartagena, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sincelejo, Bucaramanga, Ibagué y Cali.
Acción Popular contra Gobernadores
Por la misma situación, es decir, por la crisis carcelaria, el Procurador General también interpuso una acción popular contra 28 gobernadores, entre ellos, Luis Pérez Gutiérrez y los gobernadores de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
Fuente: canal1.com.co
CASANARE
Gestión de Zorro y Archila logró $40 mil millones para que “despegue” el Aeropuerto El Alcaraván
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció una inversión de $40.000 millones para fortalecer la infraestructura aérea del departamento, tras una reunión con el director de la Aeronáutica Civil, brigadier general (r) José Henry Pinto, el representante a la Cámara Hugo Archila y el secretario de Desarrollo Económico de Yopal, Rodrigo Chaparro.
Del total de los recursos, $18.000 millones se destinarán al proceso de internacionalización del aeropuerto El Alcaraván de Yopal, que contempla estudios y diseños del terminal de carga, construcción de su infraestructura, rehabilitación de la pista y adquisición de terrenos para su ampliación.
El convenio interadministrativo entre el departamento de Casanare, la Alcaldía de Yopal, la RAP Llanos y la Aeronáutica Civil será firmado este viernes 7 de noviembre, consolidando un avance determinante en la modernización del principal aeropuerto de la región Orinoquia.
CASANARE
Procuraduría indaga posibles irregularidades en licitación del PAE de internados en Casanare
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en averiguación de responsables de la Gobernación de Casanare, por posibles irregularidades en la adjudicación del contrato del servicio de alimentación escolar para estudiantes matriculados en la estrategia de residencias escolares de las instituciones educativas oficiales del departamento, que fue declarado desierto.
El ente de control señaló que, al parecer, en desarrollo del proceso, el comité evaluador habría aceptado que un proponente presentara observaciones extemporáneas al informe de evaluación.
La indagación también busca establecer la presunta intención, por parte de dicho comité, de adjudicar el contrato a un postulante que, según los denunciantes, no cumplía con los requisitos habilitantes de tipo jurídico, técnico y financiero.
También se denunció una presunta dilación injustificada de la audiencia de adjudicación y un posible riesgo de omisión del proceso licitatorio que, a juicio del quejoso, tenía por objeto justificar la declaratoria de una urgencia manifiesta que permitiría realizar la contratación de manera directa, eludiendo el proceso licitatorio que se encontraba en curso.
CASANARE
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