ARAUCA
Asegurados médico y enfermera que practicaron abortos para el ELN en Arauca y Venezuela
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de un médico y una enfermera, como presuntos responsables de brindar asistencia a los integrantes de la estructura Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, así como de practicar abortos y otros procedimientos no consentidos a las mujeres que hacían parte del grupo ilegal.
Se trata de Carlos Antonio Valdés Zuluaga, quien sería el gerente de una clínica de Saravena y profesional adscrito al hospital municipal; y Bellany Castro Quintero, alias La Caballota, Bella o Gladys.
Adicionalmente, fue vinculado a la investigación William Efraín Higuera Chacón, señalado de comunicar las instrucciones de los cabecillas y de transportar a las personas que harían parte del grupo ilegal.
Actuar clandestino
Los dos profesionales de la salud, al parecer, facilitaban el ingreso a los centros asistenciales de integrantes del ELN heridos o con graves enfermedades tropicales; y, supuestamente, les daban un trato privilegiado. Asimismo, hay evidencia de que también habrían viajado a los campamentos de la estructura criminal en Venezuela para realizar tratamientos, dar capacitaciones en diversos temas de salud y llevar dinero.
Una mujer que abandonó el grupo ilegal aseguró haber sido víctima de Valdés Zuluaga y la enfermera Castro Quintero, y los reconoció como las personas que le practicaron un aborto no consentido. Asimismo, indicó que fue testigo y conoció de casi 40 embarazos interrumpidos a la fuerza por los hoy procesados. De acuerdo con el relato, la mayoría de las mujeres afectadas serían menores de edad.
El material de prueba da cuenta de que estas conductas, presuntamente, ocurrieron desde 2014 a la fecha. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al médico y a la enfermera, según el posible nivel de responsabilidad, los delitos de: aborto sin consentimiento, rebelión, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
De otra parte, Higuera Chacón fue imputado por el delito de rebelión.
Los procesados no aceptaron los cargos. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, al considerar que no registraban antecedentes judiciales y tenían arraigo.
La Fiscalía continuará las investigaciones para dar con otros presuntos responsables de los abortos realizados y ubicar a otras posibles víctimas de estos procedimientos.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
ARAUCA
Se recuperaron 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en el Cementerio Católico de Saravena
Una medida cautelar emitida por la JEP permitió la recuperación de 34 cuerpos que corresponden a personas desaparecidas durante el conflicto armado, en el Cementerio Católico de Saravena (Arauca).
Dicho cementerio ha sido catalogado como sitio de interés forense priorizado dentro del Plan Regional de Búsqueda del Sarare y ha sido objeto de cuatro intervenciones humanitarias adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), orientadas a avanzar en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada.
Esta intervención representa un avance relevante, al tratarse de la primera intervención a profundidad realizada en este camposanto. Durante varios días, los equipos forenses trabajaron en cuatro áreas priorizadas, donde se logró la recuperación de seis cuerpos que se encontraban inhumados directamente en suelo. Previamente, la búsqueda se había desarrollado mediante exploraciones con georradar, una técnica que permitió identificar alteraciones del terreno y orientar la priorización de los sitios a intervenir en esta fase.
Como resultado de esta intervención humanitaria, se hizo trabajo forense sobre catorce cuerpos, de los cuales seis cumplieron los criterios técnicos que permiten establecer que corresponden a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado y que, por tanto, son competencia de la Unidad de Búsqueda. Estos resultados se suman a los obtenidos en las intervenciones anteriores, que han permitido avanzar en el abordaje forense inicial o intervención inicial forense de 81 cuerpos en las áreas de interés forense identificadas en este cementerio, de los cuales fueron recuperados 34 por ser de competencia de la UBPD.
En cuanto a los avances en identificación, 27 de los cuerpos que son competencia de la UBPD fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, para continuar con los análisis correspondientes. En los siete casos restantes se verificó la correspondencia de información ‘post mortem’, procedimiento a partir del cual se puede establecer que un cuerpo ya se sometió a estudio médico legal previo y que el que se examina actualmente corresponde con aquel. Ello permitió la toma de muestras óseas en estos cuerpos que fueron remitidas a laboratorio para avanzar en una identificación fehaciente.
