META
Asegurados delincuentes reincidentes en hurtos cometidos en Villavicencio
En desarrollo de la estrategia interinstitucional para enfrentar el hurto en Villavicencio, fiscales destinados especialmente a combatir esta problemática en la Seccional Meta judicializaron a seis personas ante juzgados con función de control de garantías.
Los funcionarios judiciales legalizaron las capturas realizadas en cumplimiento de órdenes judiciales. Los procesados fueron imputados como presuntos responsables hurto calificado y agravado.
La contundencia del material de prueba expuesto permitió que se dispusieran las respectivas medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de los detenidos.
En la primera diligencia fue ordenada detención carcelaria contra Yefersson Stiven Lenis Ararat, alias Pirú, presuntamente, implicado en el asalto a mano armada y hurto a varios clientes de un salón de belleza del barrio Ciudad Porfía.
Decisión similar fue adoptada contra Luis Alfonso Rubio Matiz, alias Mechas o Tucán, presunto responsable atracar con arma blanca a dos personas, el pasado 13 y 22 de agosto.
Estos hechos se presentaron en los barrios de Villa de la Paz y Ciudad Porfía.
Juan Camilo Ospina Durán fue capturado en flagrancia junto con alias Tucán. Esta persona fue imputada por porte ilegal de armas y vinculada a la investigación que pretende establecer si tendrían alguna relación con homicidios ocurridos en el sector.
También fueron enviados a prisión, Anderson Stiven Torres corredor; y domiciliaria para Leonel Alejandro Osorio Cruz. Estas dos personas son consideradas como presuntos responsables de crear zozobra entre los pobladores de las comunas 4 y 5 al sur oriente de la ciudad.
Mediante orden judicial fue capturado Alex Yorsuaky Castillo Cedeño, como presunto responsable de hurtar con arma cortopunzante a una persona a quien habría perseguido en vía pública del barrio Jordán para despojarlo de una cadena de oro, avaluada en $1’500.000 pesos.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
