CASANARE
Vigencias futuras para la Gobernación y para Capresoca estudia la Asamblea
Cuatro Proyectos de Ordenanza estudiarán los Diputados de Casanare durante el periodo de sesiones extraordinarias que fue instalado el sábado anterior, y que se extenderá hasta el próximo 25 de septiembre.
Según el presidente de la Corporación, José Antonio Barrera Blanco, son proyectos importantes para la Administración Departamental. “El más destacado es el de las facultades que necesita el Gobernador de Casanare para continuar con el cumplimiento del Plan de Desarrollo”.
Una de las iniciativas tiene que ver con la solicitud a la Asamblea Departamental por parte del Gobernador, para comprometer vigencias futuras por el orden de los 34 mil millones de pesos, que abarcan proyectos para sectores como educación, terminación de obras inconclusas en centros educativos, viviendas para víctimas, salud, vías, etc., que tendrá como ponente al diputado Felipe Becerra Vargas
De igual manera, se solicitó autorización a la Alsamblea Departamental por parte de la Gerente de Capresoca, Nuria Bohórquez Peña, para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras por valor de $7.300 millones de pesos, con el propósito de contratar los servicios médicos, servicios de alto costo, suministro de medicamentos y demás elementos necesarios para la atención en salud, que tendrá como diputado ponente a Homero Eduardo Abril Hurtado.
El tercer Proyecto de Ordenanza está relacionado con la autorización al Gobernador de Casanare, para que mediante Decreto realice modificaciones al presupuesto de la presente vigencia, hasta el próximo 31 de diciembre, el diputado ponente será York Cortés Peña.
El cuarto y último Proyecto de Ordenanza tiene que ver con el cambio de uso de suelo al predio donde va a quedar ubicado el taller de obras en el barrio Las Américas, para que el taller pueda trasladarse y permitir en el actual sitio el programa de vivienda “Las Mariselas”, cuyo ponente será el presidente de la Asamblea, José Antonio Barrera Blanco.
También dentro de las extraordinarias, se dará trámite a una fé de erratas, en el sentido de corregir la Ordenanza 011 de julio 26 de 2018, que comprende la entrega de vehículos a las autoridades de Policía, la cual quedó con algunos errores de trámite.
“El Departamento tiene muchas necesidades y son pocos los recursos, por eso tendremos que analizar detenidamente estos proyectos junto a la Administración Departamental, con el fin de priorizar las necesidades más sentidas de la población casanareña”, manifestó Barrea Blanco, quien asintió en la urgencia de que municipios como Maní, Paz de Ariporo, San Luis de Palenque y Villanueva, cuenten con infraestructura hospitalaria nueva.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Botía Gutiérrez, alias “Popi”, y a William Stiven Botía Gutiérrez, hermanos señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Yopal. Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Flor Amarillo de Yopal.
En medio del operativo, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cerca de 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Alexis Botía Gutiérrez, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades ilegales que presuntamente desarrollaban los hermanos Botía.
La Alcaldía de Yopal adjudicó oficialmente el contrato para la demolición mecánica de las Torres del Silencio, proyecto de vivienda que durante cerca de 14 años mantuvo en vilo a sus ocupantes, por las protuberantes fallas estructurales que hacían temer que en cualquier momento iban a colapsar, por lo que las autoridades, después de un estudio de patología y muchas cosas más, determinaron que lo mejor era evacuarlas y demolerlas, para dar paso a un nuevo proyecto.
De acuerdo con el proceso publicado en SECOP II, la Licitación Pública fue otorgada a la empresa Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S., domiciliada en Fonseca, Guajira. Se presentaron cinco oferentes a nivel nacional, y tras cumplir cada una de las etapas únicamente Ingoser S.A.S. logró quedar habilitada en todos los requisitos exigidos.
El contrato fue adjudicado por un valor de $1.593.743.720, con un plazo de 45 días de ejecución y contempla la demolición de la infraestructura de las torres, una vez se complete la etapa de legalización y firma electrónica del contrato.
Luego de esta adjudicación, cuya audiencia final duró cerca de 8 horas con suspensiones y demás, la Alcaldía de Yopal debe dar inicio en próximos días, a la demolición de las Torres del Silencio, para que la Gobernación entre a construir el nuevo proyecto.
Un robusto dique construido en la vereda San Pascual en Yopal, ha devuelto la tranquilidad a más de 500 familias de El Amparo, San Pascual y El Barbillal, protegiéndolas de las fuertes crecientes del río Cravo Sur. La obra, entregada hace un año, ha permitido que comunidades campesinas vuelvan a sembrar y transitar con normalidad en zonas que antes eran arrasadas por el afluente.
Con la llegada de la actual temporada de lluvias, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, realizó un monitoreo exhaustivo al comportamiento de la estructura. Los resultados confirmaron su efectividad, garantizando la protección de cultivos, viviendas y la vía de acceso, puntos críticos que históricamente sufrían las embestidas del río.
La obra, culminada en mayo de 2025, se ejecutó mediante la instalación de bolsas tipo big bag y mantos de control de erosión en un punto donde el afluente solía desbordarse. Durante años, las familias campesinas presenciaron cómo el río destruía sus sembrados, aislaba sus viviendas y convertía amplias zonas productivas en terrenos inservibles; un panorama que hoy ha cambiado radicalmente.
Este proyecto se erige como un modelo de articulación interinstitucional, involucrando al gobierno de César Ortiz Zorro, la Alcaldía de Yopal, diputados, el sector privado y la propia comunidad. El éxito y el impacto positivo de la intervención han llevado a que esta obra sea tomada como piloto para la construcción de cinco jarillones adicionales, que actualmente se están finalizando en los municipios de Paz de Ariporo, Nunchía, Trinidad, Aguazul y Villanueva.
