CASANARE
Asamblea cuestiona millonaria inversión en elementos de seguridad que no han entregado
Varios fueron los puntos tratados en la sesión de control político a la secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento, donde los Corporados resaltaron algunas labores, reiteraron cumplimiento de algunos compromisos e instaron al jefe de esta dependencia, Mílton Álvarez, a seguir trabajando por la seguridad de los casanareños.
En el control político presidente de la Asamblea Departamental, José Antonio Barrera Blanco reiteró la solicitud planteada en el consejo de seguridad realizado recientemente en Maní, donde se instó a todas las instituciones militares a realizar un trabajo en equipo con la comunidad “los ciudadanos son indispensables para ayudar a mitigar el flagelo de la inseguridad que hoy en día tenemos en todo el Departamento”.
También los Diputados cuestionaron sobre los recursos por el orden de 32 mil millones de pesos, que fueron aprobados por la Duma, para el fondo de seguridad y que comprende importantes elementos de apoyo a las fuerzas militares que aún no han sido entregados, tales como drones, camionetas, motocicletas equipos tecnológicos entre otros.
El diputado Felipe Becerra por su parte manifestó que no se ve reflejado el apoyo a la población víctima sobre todo en temas de vivienda “esto es un trabajo transversal entre las demás secretarías” señaló Becerra Vargas quien además planteó que se debería pensar en una reestructuración administrativa donde Gestión del Riesgo tenga independencia como secretaría “esto por la importancia de la misma” añadió.
De otra parte el corporado Homero Eduardo Abril , reiteró el compromiso y el llamado para que se fortalezcan e inyecten recursos a los organismos de socorro, sobre todo la Defensa Civil y demás instituciones “que ayudan incansablemente a la población casanareña” destacó el Corporado quien también solicitó ayuda en un punto crítico del sector rural de Paz de Ariporo denominado Manilotes donde su población se encuentra prácticamente incomunicada” adujo Abril Hurtado quien por último agradeció por el sistema de cámaras que están siendo ubicadas estratégicamente en éste sector del norte de Casanare.
La plenaria reiteró la problemática que ha traído la llegada masiva de ciudadanos venezolanos y resaltaron que esto también debe tratarse conjuntamente.
En la sesión fueron escuchados el secretario de Gobierno Milton Álvarez y el mayor Jair Morales, comandante de la Sijin, quienes presentaron cifras favorables con respecto a las acciones conjuntas realizadas en pro de la seguridad del Departamento. “las cifras presentadas no son aceptables porque estos indicadores son de acuerdo a las denuncias que presentan los ciudadanos y eso es lo que no hace en su mayoría la comunidad, porque han perdido la credibilidad en las instituciones” argumentó el presidente de la Duma.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
