CASANARE
Asamblea cuestiona millonaria inversión en elementos de seguridad que no han entregado
Varios fueron los puntos tratados en la sesión de control político a la secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento, donde los Corporados resaltaron algunas labores, reiteraron cumplimiento de algunos compromisos e instaron al jefe de esta dependencia, Mílton Álvarez, a seguir trabajando por la seguridad de los casanareños.
En el control político presidente de la Asamblea Departamental, José Antonio Barrera Blanco reiteró la solicitud planteada en el consejo de seguridad realizado recientemente en Maní, donde se instó a todas las instituciones militares a realizar un trabajo en equipo con la comunidad “los ciudadanos son indispensables para ayudar a mitigar el flagelo de la inseguridad que hoy en día tenemos en todo el Departamento”.
También los Diputados cuestionaron sobre los recursos por el orden de 32 mil millones de pesos, que fueron aprobados por la Duma, para el fondo de seguridad y que comprende importantes elementos de apoyo a las fuerzas militares que aún no han sido entregados, tales como drones, camionetas, motocicletas equipos tecnológicos entre otros.
El diputado Felipe Becerra por su parte manifestó que no se ve reflejado el apoyo a la población víctima sobre todo en temas de vivienda “esto es un trabajo transversal entre las demás secretarías” señaló Becerra Vargas quien además planteó que se debería pensar en una reestructuración administrativa donde Gestión del Riesgo tenga independencia como secretaría “esto por la importancia de la misma” añadió.
De otra parte el corporado Homero Eduardo Abril , reiteró el compromiso y el llamado para que se fortalezcan e inyecten recursos a los organismos de socorro, sobre todo la Defensa Civil y demás instituciones “que ayudan incansablemente a la población casanareña” destacó el Corporado quien también solicitó ayuda en un punto crítico del sector rural de Paz de Ariporo denominado Manilotes donde su población se encuentra prácticamente incomunicada” adujo Abril Hurtado quien por último agradeció por el sistema de cámaras que están siendo ubicadas estratégicamente en éste sector del norte de Casanare.
La plenaria reiteró la problemática que ha traído la llegada masiva de ciudadanos venezolanos y resaltaron que esto también debe tratarse conjuntamente.
En la sesión fueron escuchados el secretario de Gobierno Milton Álvarez y el mayor Jair Morales, comandante de la Sijin, quienes presentaron cifras favorables con respecto a las acciones conjuntas realizadas en pro de la seguridad del Departamento. “las cifras presentadas no son aceptables porque estos indicadores son de acuerdo a las denuncias que presentan los ciudadanos y eso es lo que no hace en su mayoría la comunidad, porque han perdido la credibilidad en las instituciones” argumentó el presidente de la Duma.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Botía Gutiérrez, alias “Popi”, y a William Stiven Botía Gutiérrez, hermanos señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Yopal. Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Flor Amarillo de Yopal.
En medio del operativo, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cerca de 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Alexis Botía Gutiérrez, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades ilegales que presuntamente desarrollaban los hermanos Botía.
La Alcaldía de Yopal adjudicó oficialmente el contrato para la demolición mecánica de las Torres del Silencio, proyecto de vivienda que durante cerca de 14 años mantuvo en vilo a sus ocupantes, por las protuberantes fallas estructurales que hacían temer que en cualquier momento iban a colapsar, por lo que las autoridades, después de un estudio de patología y muchas cosas más, determinaron que lo mejor era evacuarlas y demolerlas, para dar paso a un nuevo proyecto.
De acuerdo con el proceso publicado en SECOP II, la Licitación Pública fue otorgada a la empresa Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S., domiciliada en Fonseca, Guajira. Se presentaron cinco oferentes a nivel nacional, y tras cumplir cada una de las etapas únicamente Ingoser S.A.S. logró quedar habilitada en todos los requisitos exigidos.
El contrato fue adjudicado por un valor de $1.593.743.720, con un plazo de 45 días de ejecución y contempla la demolición de la infraestructura de las torres, una vez se complete la etapa de legalización y firma electrónica del contrato.
Luego de esta adjudicación, cuya audiencia final duró cerca de 8 horas con suspensiones y demás, la Alcaldía de Yopal debe dar inicio en próximos días, a la demolición de las Torres del Silencio, para que la Gobernación entre a construir el nuevo proyecto.
Un robusto dique construido en la vereda San Pascual en Yopal, ha devuelto la tranquilidad a más de 500 familias de El Amparo, San Pascual y El Barbillal, protegiéndolas de las fuertes crecientes del río Cravo Sur. La obra, entregada hace un año, ha permitido que comunidades campesinas vuelvan a sembrar y transitar con normalidad en zonas que antes eran arrasadas por el afluente.
Con la llegada de la actual temporada de lluvias, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, realizó un monitoreo exhaustivo al comportamiento de la estructura. Los resultados confirmaron su efectividad, garantizando la protección de cultivos, viviendas y la vía de acceso, puntos críticos que históricamente sufrían las embestidas del río.
La obra, culminada en mayo de 2025, se ejecutó mediante la instalación de bolsas tipo big bag y mantos de control de erosión en un punto donde el afluente solía desbordarse. Durante años, las familias campesinas presenciaron cómo el río destruía sus sembrados, aislaba sus viviendas y convertía amplias zonas productivas en terrenos inservibles; un panorama que hoy ha cambiado radicalmente.
Este proyecto se erige como un modelo de articulación interinstitucional, involucrando al gobierno de César Ortiz Zorro, la Alcaldía de Yopal, diputados, el sector privado y la propia comunidad. El éxito y el impacto positivo de la intervención han llevado a que esta obra sea tomada como piloto para la construcción de cinco jarillones adicionales, que actualmente se están finalizando en los municipios de Paz de Ariporo, Nunchía, Trinidad, Aguazul y Villanueva.
