REGIÓN
Arrancó plan para formalización de tierras y entrega de títulos en 39 municipios de Boyacá
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), lanzó el ‘Plan 10.000 Zona Andina’, el cual garantizará que por lo menos 10.000 familias campesinas de Boyacá y Cundinamarca sean propietarias de sus tierras en el 2025, un paso más en la política de Reforma Agraria impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Adicionalmente, el Plan contempla que los departamentos de Boyacá y Cundinamarca avancen en el proceso de formalización de predios en 57 municipios, con la entrega de 16.208 títulos de propiedad rural, 10.907 de propiedad privada y 5.301 baldíos.
Para el departamento de Boyacá, el Plan beneficiará a 39 municipios que se encuentran caracterizados con la entrega de 11.147 títulos, 8.290 privados y 2.857 baldíos, dignificando la labor del campesinado boyacense
Memorando de entendimiento
Con el ánimo de ponerle el acelerador a la formalización de la propiedad rural y garantizarle seguridad jurídica al campesinado boyacense, la ANT y la Gobernación de Boyacá firmaron un Memorando de Entendimiento de apoyo técnico.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, destacó que con este Memorando se busca que su departamento sea un referente en el país sobre titulación de precios.
“Lo que queremos es que Boyacá se convierta en un referente de titulación de tierras a nivel nacional. Con esta firma del convenio con la ANT, además de destinar recursos importantes para el proyecto vamos a poner también capacidad instalada, funcionarios, contratistas de muchas sectoriales para avanzar de forma ágil y segura los procesos de formalización de tierras en el departamento’, recalcó Amaya.
El apoyo técnico en el marco del Plan 10.000 Zona Andina también busca agilizar y reforzar los procesos de titulación y saneamiento de la falsa tradición de tierra en escuelas, escenarios y bienes públicos.
Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), la informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia es mayor al 50 %, no obstante, los esfuerzos del Gobierno nacional, que en dos años y medio ha escriturado más de 1,2 millones de hectáreas a familias rurales en situación de informalidad.
Cifras de la UPRA advierten que, de los 1.104 municipios de Colombia, 175 registran entre un 75 % y 100 % de informalidad; 497 están entre el 50 % y el 75 %; 351 entre el 25 % y el 50 %, y 79 entre el 0 % y el 25%, siendo Boyacá uno de los departamentos con mayor incidencia en los índices de informalidad en la tenencia de tierras del país.
Fuente: Agencia Nacional de Tierras
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
