CASANARE
Llamado a los Alcaldes de Casanare para que alivien impuestos a víctimas del conflicto
La Unidad de Restitución de Tierras hizo un llamado a las Administraciones Municipales de Casanare, para que se agilicen los acuerdos de alivios de impuestos municipales a la población víctima, y a incluir el componente de restitución de tierras en los Planes de Acción Territoriales.
La solicitud se planteó durante la realización este jueves del primer Comité Ampliado de Justicia Transicional del año, donde las diferentes entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV se reunieron para revisar el cumplimiento de los compromisos asumidos con esta población.
Durante la jornada se revisó también, el estado de los procesos de reparación colectiva de los municipios de Chámeza y Recetor, donde ya se encuentran en etapa de implementación. Asimismo, se plantearon una serie de acciones que requerirán el apoyo del SNARIV, con el fin de promover medidas de satisfacción, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de Casanare, como lo estipula la Ley 1448 de 2011.
El Comité sirvió también, para evidenciar el trabajo que el gobierno departamental viene adelantando con los Alcaldes municipales y otras entidades como la Unidad de Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras, ICBF, IFC, Sena, entre otras.
“Hemos venido cumpliendo las metas propuestas en atención a esta población de acuerdo al compromiso de nuestro gobernador, lo que le ha valido al departamento diferentes reconocimientos a nivel nacional gracias a la eficiencia en la implementación de la Ley 1448 de víctimas, y seguiremos trabajando por la construcción de la paz a partir de la adopción de medidas de reparación y garantías de no repetición para esta población”, declaró el secretario de Gobierno, Milton Álvarez Alfonso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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