CASANARE
Alertan por llegada de temporada seca y peligro de incendios
La Dirección de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Casanare presentó un balance de los primeros incendios forestales registrados en el 2022, y el reporte final de eventos ocurridos durante todo el 2021.
Guillermo Pérez, jefe de dicha cartera, indicó que en los primeros tres días del 2022 se generaron una serie de conflagraciones que han afectado a ganaderos, fauna silvestre y vegetación.
“La cifra de incendios reportados ya asciende a 27 eventos, la mayoría de ellos corresponden al municipio de Yopal, entre las que se quemaron zonas del parque La Iguana y más de 200 hectáreas de pasto de una fica ganadera en inmediaciones a la ciudad”, señaló el funcionario.
En esta lista de deflagraciones, también se reporta un incendio en Nunchía, uno en Orocué y cuatro en el municipio de Aguazul.
Con respecto a las emergencias atendidas el año pasado, se hizo el siguiente balance:
Incendios Forestales
En el 2021 se reportaron 69 eventos por incendios forestales, en los que se afectaron 8.187 hectáreas de vegetación. (Afectación de árboles, sabana nativa, moriches, cercas y animales).
Los municipios que presentaron el mayor índice de incendios forestales fue Orocué con 3.799 ha. afectadas y Hato Corozal con 3.701 hectáreas incineradas.
Incendios Estructurales
Se reportaron 11 incendios estructurales, en los que hubo pérdida de enseres y/o pérdida parcial y total de la vivienda. En uno de los más recientes, se incineró la totalidad de un almacén comercial en Paz de Ariporo.
Recomendaciones
Se hizo un llamado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza de los Alcaldes, a mantener activas sus Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE) para la atención oportuna de los incendios, garantizando el convenio con Bomberos, y operatividad de los organismos de socorro.
A las entidades públicas y privadas activar sus planes de contingencia ante la amenaza.
A la comunidad a reportar a las autoridades la existencia de incendios; evitar las fogatas, no botar colillas encendidas y vidrios a zonas propensas a incendios y no realizar quemas (culturales) para la preparación de tierras.
Fuente: Gobernación de Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
