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Alcaldía de Paz de Ariporo ya presentó propuesta de traslado del antiguo cementerio

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Desde el 6 de mayo de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), expidió la medida cautelar 026, mediante la cual se prohíbe hacer cualquier tipo de intervención en el antiguo cementerio de Paz de Ariporo.

El Cementerio San José funcionó hasta el año 1999 cuando se trasladó a un lugar más amplio a las afueras del municipio.

Tras una larga controversía entre la JEP y alcaldesa Eunice Escobar, donde se llegó a ordenar 3 días de arresto y multa, la mandataria apeló y evidenció que el municipio ya presentó la propuesta de traslado administrativo del antiguo cementerio.

Propuesta en seis fases 

La Alcaldía presentó una propuesta de traslado del antiguo cementerio de Paz de Ariporo, en seis (6) fases así:

Primera Fase: de limpieza y readecuación del predio. Esta fase incluye tala manual y mecánica, así como el uso de herbicidas, bajo procedimientos operativos estandarizados, a cargo de personal idóneo.

Segunda Fase: de diagnóstico y caracterización de bóvedas, fosas y sepulturas que incluye a su vez:

• Convocatoria y ubicación de familiares de personas inhumadas en el cementerio para reforzar las actividades de sensibilización, permitir que los familiares manifiesten ante la secretaría de gobierno su voluntad de trasladar a sus parientes a Jardines de Paz o al lugar que decidan. Se prevé fijar un edicto en lugares visibles del municipio; realizar difusión masiva en redes sociales, emisoras locales, departamentales, comunitarias y redes comunales de WhatsApp y reunión con habitantes vecinos del cementerio.

• Inventario y numeración de bóvedas, lo que demanda la construcción de una ficha técnica de levantamiento topográfico, definición de polígonos, numeración y marcación, priorización de lugares, para lo cual propone delimitar tres polígonos así: el primero que comprende el área más grande a intervenir con presencia de bóvedas y tumbas superficiales; el segundo con áreas donde no hay presencia de bóvedas pero podrían encontrarse fosas en tierra y donde de acuerdo a información de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD- ”presuntamente puede haber otros cadáveres no identificados -CNI-, o cadáveres identificados no reclamados -CINR-”; y el tercero que corresponde a tumbas

°Tercera Fase de alistamiento de lugares de disposición en el cementerio Jardines de Paz para lo cual, pese a la indeterminación de los lugares requeridos, en virtud de lo dispuesto por el art 42 del D. 303 de 2015 y Resolución 5194 de 2010 se propone el uso de dieciocho (18) osarios nuevos disponibles, destinados a cuerpos trasladados con el acompañamiento de las familias y la construcción de un bloque de bóvedas o tumbas para disposiciones de CNI y CINR. La alcaldía como administradora del cementerio dispondría de los recursos a través del presupuesto municipal y gestiones para concurrencia del departamento o la Nación para la construcción de dicha obra.

Cuarta fase de recuperación de los cuerpos esqueletizados en bóvedas y fosas. A partir de la caracterización y previo alistamiento de los lugares de disposición se procedería a realizar la prospección y recuperación de los cuerpos con el liderazgo de profesional de antropología con experiencia certificada en arqueología o bioarqueología, contemplando los requerimientos técnicos según el lugar a intervenir consignados en la propuesta, así como los cuidados y registros requeridos una vez recuperado cada cuerpo.

Quinta fase de traslado y disposición de cuerpos en cementerio Jardines de Paz. Se prevé que los cuerpos debidamente embalados, sellados y rotulados serán trasportados cumpliendo los principios de seguridad, preservación y dignidad para su inhumación.

Fase sexta Elaboración y remisión de informe técnico forense del traslado. Sobre el particular el secretario general y de gobierno como supervisor del eventual contrato que se suscriba debe exigir al contratista la presentación de un informe pormenorizado y estructurado que se remitirá a la JEP y a la UBPD.

La propuesta contempla que el traslado se cubra con recursos de libre destinación del cual se cuenta con ochenta millones de pesos ($ 80.000.000) para la vigencia 2023. Indica la propuesta que el tiempo contemplado para la realización del traslado del cementerio es de 5 meses a partir de la aprobación de la propuesta por parte de la SAR.

Finalmente, la administración propone para la ejecución de las acciones un equipo conformado por un profesional de antropología forense; profesional experto en cartografía o profesional social con conocimiento en sistemas de información geográfico, personal social para la gestión con las familias y la comunidad y profesional forense para la implementación de protocolos forenses de traslado de cuerpos y como productos a entregar:

i) documento de diagnóstico del estado del cementerio;

ii) listado de bóvedas y fosas;

iii) croquis detallado con ubicación de sitios;

iv) cronograma de actividades

d) proyecto presupuestal del proceso de traslado administrativo

Lea también: Con medida cautelar JEP ordenó no intervenir cementerio antiguo de Paz de Ariporo

Justificación del proceso (apartes tomados de documento oficial de la JEP)

Se presentó como cumplimiento a la medida cautelar ordenada por la SAR con el objeto de garantizar las condiciones de preservación y cuidado cuerpos y restos de posibles víctimas del conflicto que se pudieran encontrar en el cementerio, caso en el cual se establecerán mecanismos de coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas – UBPD y el GRUBE.

En el documento se puso de presente un contexto histórico y el estado actual del cementerio, a partir de lo cual, existiría información acerca de que el primer cementerio de Paz de Ariporo habría sido creado con el municipio en 1953 y “se encontraba rodeado de lotes desocupados pertenecientes al municipio” los que con el paso de los años fueron vendidos y ocupados, por lo cual es posible que “algunas de las tumbas antiguas pudieron perderse conforme se levantaban las viviendas “ .

Indicó la administración que las tumbas del antiguo cementerio se entregaron a perpetuidad y que a mediados de la década del noventa el predio estaba saturado, por lo cual se ordenó su clausura entre 1997 y 1999 cuando se dio apertura al cementerio Jardines de Paz, cayendo el antiguo cementerio en el abandono institucional por lo cual presentó un acelerado deterioro.

En razón de lo anterior, el plan de ordenamiento territorial de 201117 dispuso su transformación en un parque ecológico, por lo cual se convocó a los habitantes del municipio ante la secretaría de gobierno de la época para realizar la exhumación y traslado de sus familiares al nuevo cementerio. No obstante lo anterior existen bóvedas ocupadas por: “cuerpos esqueletizados y se conoce de la existencia de algunas fosas en tierra que aun contiene cuerpos” y “el cementerio ha sido profanado y saqueado por personas que de manera gradual comenzaron por llevarse los ladrillos del muro de encerramiento perimetral y posteriormente de los escombros producto de exhumaciones realizadas, llegando también a profanar las tumbas sin exhumar llevándose las lápidas y otros elementos que eran vendidos como chatarra o materiales de segunda para construcción“.

Indicó el funcionario que es imposible conocer el número de cuerpos que reposen en el cementerio por las anteriores razones y la falta de registros administrativos vinculados con las exhumaciones y traslados realizados en el pasado.

Por cuenta de la medida cautelar, desde 2021 el cementerio cuenta con un cerramiento provisional, pero “se encuentra totalmente cubierto de vegetación y aunque la administración municipal realiza talas periódicas, la presencia de escombros, huecos y presencia de animales potencialmente peligrosos (avispas, abejas, arañas, serpientes entre otros) dificultan cada vez más el desarrollo de labores de limpieza”.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Pacientes renales, CRUE y hospital itinerante víctimas del archivo del superávit en la Asamblea

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secretaria de salud

Nuevamente, 4 diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental volvieron a cerrar la puerta a los recursos del superávit para Casanare. Por cuarta vez consecutiva, los diputados Juan Fernando Mancipe, Jorge Eduardo García, Marisela Duarte y Luz Mery Niño negaron el proyecto de ordenanza que pretendía incorporar al presupuesto de 2025 el superávit de 2024, decisión que impacta directamente la salud de miles de casanareños.

La secretaria de Salud, Tatiana Chávez Duque, advirtió que la medida frena proyectos estratégicos que estaban listos para ejecutarse. El más urgente: la apertura de la Unidad Renal del Hospital Regional de la Orinoquía, donde más de 230 pacientes con enfermedad renal en estado crítico esperan poder acceder a diálisis diarias sin depender de un operador privado que no logra cubrir la demanda. “Hoy estos usuarios seguirán viviendo entre ruegos y traslados, porque se les negó la posibilidad de un servicio digno en su propio departamento”, señaló la funcionaria.

Otros proyectos afectados

La lista de afectados no termina ahí. El Hospital Itinerante, uno de los programas de mayor impacto del actual gobierno, también quedó contra las cuerdas. La falta de recursos impide comprar equipos biomédicos exclusivos para esta estrategia, lo que obliga a movilizar aparatos del uso diario del HORO y deja todo el plan a merced de una eventual falla técnica. Se trata de un proyecto que ya ha llegado a más de 4.000 casanareños con cerca de 600 cirugías, y que ahora podría frenarse por lo que la secretaria calificó como “una decisión irresponsable”.

Otro frente crítico es la preparación frente a la fiebre amarilla. Aunque en Casanare no se registran casos, departamentos vecinos como Meta y Arauca sí reportan contagios y muertes. Sin recursos adicionales, la Secretaría de Salud no podrá contratar personal ni logística para responder ante un eventual brote, pese a que el territorio es endémico para el virus. “Estamos a nada de que el virus entre al departamento, pero nos quitaron las herramientas para reaccionar a tiempo”, advirtió Chávez.

CRUE y Línea Amiga afectados también

Tampoco se salvaron servicios vitales como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que coordina la atención de accidentes de tránsito, emergencias médicas y la línea amiga para problemas de salud mental. Los recursos para su operación solo alcanzan hasta octubre, dejando incierta su continuidad en los últimos dos meses del año, en un departamento con altos índices de accidentalidad vial.

Mientras tanto, planes de fortalecimiento de hospitales públicos como Red Salud también se quedaron sin piso. La adquisición de equipos para urgencias y hospitalización, claves en una posible emergencia sanitaria, quedó en veremos. Desde la Gobernación, el llamado es a buscar salidas con el Ministerio de Salud, pero la incertidumbre es evidente. Lo que está claro es que, en medio de disputas políticas, los más golpeados son los pacientes casanareños, que ahora ven cómo sus necesidades quedaron relegadas al archivo de 4 diputados de la Asamblea.

Fuente: El Diario del Llano

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A la cárcel los seis capturados en Casanare que extorsionaban a nombre del ERPAC

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces con funciones de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra seis personas, quienes se hacían pasar como integrantes del grupo armado Nuevo Renacer ERPAC, y que serían responsables de cometer actos de terrorismo y extorsiones en Trinidad, Villanueva y Monterrey.

Fiscales de la Seccional Casanare les imputaron, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, extorsión, extorsión agravada; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

¿Quiénes son los capturados?

Servidores del Cuerpo Técnico de investigación (CTI) capturaron a Jorge Alexander Pulido Gil, alias “Polaco”, en el municipio de Trinidad quien, al parecer, contactaba a sus víctimas por mensajes de texto, a nombre del grupo armado, para exigirles altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra la integridad de su familia.

Según la Fiscalía, en uno de los casos alias “Polaco” envió un video de una casa que estaba siendo quemada, con una amenaza contra una de sus víctimas para infundir temor.

De otra parte, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, capturaron en Villanueva a Yeimi Andrea Pachón Vela, Luis Carlos Jiménez Armedia y Karen Lorena Hernández Bastos; quienes, según la Fiscalía, presuntamente, forzaban a ganaderos, comerciantes, agricultores, entre otros, para que pagaran altas sumas de dinero, a cambio de no atentar contra su integridad, la de su familia y sus bienes.

Se estableció, según la Fiscalía, que cada una de estas tres personas cumplía un rol diferente al interior de la organización delincuencial.

Por último, Jénifer Caroline Ríos Arteaga y Brayan Alexis Bedoya Roa fueron capturados en flagrancia por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula del Ejército Nacional, mientras exigían el pago de 11 millones de pesos a un comerciante de Monterrey, a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y sus bienes.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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46 motocicletas inmovilizadas el primer fin de semana con restricción de circulación en Yopal

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46 motocicletas inmovilizadas por circular en horarios y sectores restringidos, un vehículo particular retenido, 63 órdenes de comparendo, de las cuales 3 correspondieron a conductores que fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol, es el balance de la primera semana de aplicación del decreto de restricción en la circulación de motocicletas en horario nocturno durante los fines de semana en Yopal, según balance de la Secretaría de Movilidad.

Con la implementación del Decreto 116 del 13 de agosto de 2025, se dio inicio a la restricción en la circulación de motocicletas durante los fines de semana en Yopal, medida que busca reducir accidentes y tragedias en las vías, y así motivar a quienes salen a altas horas de la noche, para que usen métodos de transporte diferentes.

Incumplir la norma tiene sanciones

La Administración Municipal recordó que incumplir las disposiciones del Decreto acarrea sanciones de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, en particular lo establecido en el literal C, numeral 14 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010, y demás normas aplicables. Las autoridades seguirán ejerciendo los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

Más allá de las sanciones, este esfuerzo busca concientizar a la ciudadanía a cuidar la vida propia y la de los demás, de igual modo, se invita a mantener el compromiso por estas restricciones, entendiendo que cada decisión en la vía es un paso más hacia una con menos víctimas por siniestros viales.

Fuente: El Diario del Llano

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