CASANARE
Alcaldía de Aguazul y la UPTC firmaron convenio de cooperación por 20 años
La Alcaldía de Aguazul y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC suscribieron un convenio marco de cooperación institucional, para garantizar la permanencia de la universidad pública por veinte años en el municipio de Aguazul.
Como se ha vuelto costumbre, el municipio de Aguazul y la Administración Municipal en cabeza del alcalde Nelson Camacho Caicedo, trabajan arduamente en el desarrollo de sus propósitos para el municipio, en este caso le correspondió a la educación y la universidad pública UPTC en cabeza del doctor Enrique Vera López.
El proceso de apertura con la UPTC inició hace diez años y avanza en su crecimiento, proyección y formación como una universidad sólida que ofrece mejores oportunidades a los estudiantes casanareños y no casanareños. Para el administrador del municipio Nelson Camacho, fortalecer este proyecto y garantizar la permanencia de la Universidad durante veinte años más en el territorio, es una maravillosa oportunidad para todos los estudiantes actuales o futuros, que espera la puedan aprovechar y saquen la mejor ventaja.
Dentro de los objetos de este convenio se encuentran articular las funciones de cooperación técnica, transferencia científica y tecnológica, gestión de proyectos conjuntos en temas de educación, investigación y extensión, ciencia, innovación, tecnología, competitividad y todos aquellos esfuerzos comunes entre municipio y universidad en pro del desarrollo del municipio y la región.
Cabe resaltar que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia hace un par de meses abrió en su sede de Aguazul la Especialización en Biotecnología Reproductiva, una apuesta para desarrollar el sector ganadero en la región que permitirá al departamento tener especialistas con capacidades para aumentar la eficiencia reproductiva en este importante renglón económico y fundamental para el desarrollo del municipio y departamento.
De esta manera, Camacho y su equipo trabajan en pro del municipio, y ponen al servicio de los casanareños este importante logro y beneficio de la universidad pública UPTC sede Aguazul, que se ha convertido en elemento importante para la dinamización económica de la localidad.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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