META
Alcalde de Villavicencio realizó varios cambios en el gabinete
Luego de solicitar las renuncias protocolarias a la totalidad de secretarios de despacho, asesores, directores de institutos descentralizados y directores de secretarías, el alcalde de Villavicencio dio a conocer los movimientos para fortalecer el equipo de trabajo, quienes tendrán que asumir con responsabilidad la transformación de Villavicencio en una ciudad de arraigo y moderna, en donde prime la dignidad humana.
Por tal motivo, el actual director del Instituto de Deporte y Recreación de Villavicencio, Mario Romero, será ahora el nuevo secretario de Planeación de la ciudad. Al IMDER llegará el hasta ahora asesor de despacho, Fernando Vargas.
A la Secretaría de Desarrollo Institucional llega Wilson Chavarro, quien durante estos cinco meses de gobierno ocupó el cargo de asesor de despacho. Por su parte Magnolia Cagueñas será desde ahora la directora del Instituto de Turismo de Villavicencio.
A la cartera de Control Interno Disciplinario llegará el abogado y especialista en derecho administrativo Diego Pérez, oriundo de Villavicencio, candidato a magister en derecho administrativo.
A su vez, la Alta Consejería para la Seguridad Ciudadana será liderada por Gonzalo Agudelo Hernández, Premio Nacional de Paz, experto en la dinamización de procesos sociales para el desarrollo, derechos humanos, construcción de Paz y reconciliación en la región.
A cargo de la dirección de Fomento Empresarial de la Secretaría de Competitividad estará Diego Villa.
En la dirección de la Corporación Cultural de Villavicencio (Corcumvi) estará la comunicadora social y periodista, Edith Agudelo. Por su parte a la dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Villavicencio llegará el profesional en derecho, Felipe Caballero.
A la dirección de obras de movilidad llega la Ingeniera Civil y especialista en Contratación Pública, Sandra Velásquez.
Por su parte Gonzalo Hernández, quien estaba en la gerencia técnica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, ahora será director de Control Urbano de la Secretaría de Control Físico.
A la sub gerencia técnica de Villavivienda llega la arquitecta Katherine Calderón, mientras que la profesional Paola Chávez será ahora la directora de valorización de la Secretaría de Infraestructura.
Fuente: Alcaldía de Villavicencio
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
