ARAUCA
Alcalde de Fortul rechazó acusaciones que pretenden vincularlo con grupos al margen de la ley
El Alcalde de Fortul Fredy García Hernández emitió un comunicado para rechazar y aclarar una situación que afecta su nombre, el de su familia familia y el ejercicio de su labor como servidor público.
El mandatario aseguró que en los últimos días, a través de algunos medios de comunicación, ha sido blanco de acusaciones infundadas que pretenden vincularlo, junto a su familia, con actividades llegales y grupos armados al margen de la ley. Por lo que fue enfático en indicar que esas afirmaciones carecen de cualquier sustento y responden a intereses malintencionados que buscan empañar su gestión y trayectoria.
García Hernández recalcó que por más de 30 años, he dedicado su vida a la formación de niños y jóvenes en Fortul, inculcando valores de ética, respeto y compromiso con la comunidad. Durante ese tiempo, tuvo el privilegio de acompañar el crecimiento de generaciones de fortuleños que hoy contribuyen al desarrollo del municipio y pueden dar fe de su actuar intachable.
El mandatario señaló que resulta lamentable que existan sectores que, en lugar de reconocer el trabajo y los logros alcanzados, recurran a la difamación y la calumnia para intentar desestabilizar la administración y afectar la tranquilidad de su familia. En un contexto como el de Arauca, donde la situación de orden público es delicada, este tipo de señalamientos irresponsables pueden generar consecuencias graves. Por ello, anunció que emprenderá todas las acciones legales necesarias para que la verdad prevalezca y se haga justicia.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
