CASANARE
Casanare tendrá oficina de la Agencia Nacional de Tierras, anunció el Ministro de Agricultura
Con asistencia de agricultores y campesinos se realizó el segundo taller del campo en el municipio de Aguazul, Casanare. En este escenario se plantearon las diferentes problemáticas que enfrentan los gremios agrícolas y pecuarios del departamento.
La colocación de créditos a bajos intereses, ampliación de plazos para saldar empréstitos y la reevaluación de las garantías de los créditos otorgados para empresarios agroturísticos fueron las principales solicitudes realizadas al ministro Ándres Valencia, desde la mesa de financiamiento. Al respecto el director de la cartera agropecuaria manifestó que se estudiaran dichas solicitudes, pues si bien se tiene la voluntad de dar herramientas para que los agricultores continúen con sus procesos tampoco se puede poner en riesgo las entidades financieras.
Mejoramiento de las vías terciarias, el fortalecimiento de la seccional del ICA Casanare, la implementación de las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras y de la Agencia de Desarrollo Rural, así como la seccional de la Policía Fiscal y Aduanera, fueron otras de las inquietudes presentadas al Ministro Valencia, quien al respecto confirmó que en unas semanas estarían funcionando las oficinas de la ANT y la ADR, y en cuanto al fortalecimiento al ICA se iniciará el estudio para determinar que se requiere para que esta entidad presté un mejor servicio en Casanare.
Hubo tranquilidad para el gremio arrocero, pues se estudiará la posibilidad de incrementar el precio del cereal para el próximo año, para los agricultores de Casanare, quienes deben comercializar el arroz a un valor por debajo del resto del país.
“Fue una jornada valiosa, se lograron plantear problemáticas que enfrentan nuestros agricultores, se generaron compromisos por parte del Ministerio de Agricultura y estaré al pendiente para hacerle seguimiento a los mismos”, manifestó la senadora Amanda Rocío González quien logró que el Ministerio determinara realizar este segundo taller del campo en Casanare.
Mejorar presencia del ICA en Casanare
Jairo Cristancho, Representante a la Cámara por Casanare, se refirió a la situación del sector agropecuario en el departamento y la necesidad de trabajar por este sector clave de la economía en esta región del país.
Cristancho Tarache aplaudió el anuncio de la puesta en marcha de una oficina de la Agencia Nacional de Tierras en Casanare, como un ente resolutivo frente a la problemática de la titulación de tierras.
Igualmente, destacó la decisión del gabinete nacional de subsidiar los cultivos de piña con más del mil millones de pesos, pues esto facilita el trabajo de los cultivadores y sirve para el fortalecimiento de la exportación de este producto y el crecimiento de la economía agrícola en el departamento.
El parlamentario enfatizó en la relevancia de Casanare como proveedor agrícola del país y su posición como segundo hato ganadero del país, por lo que realizó un llamado de atención sobre la necesidad de mejorar la presencia del ICA para tomar acciones de cara a problemáticas como la prevención de brotes de fiebre aftosa y el control del tránsito del contrabando proveniente de Arauca, que de la mano con la consolidación de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) tendrán un impacto positivo en el desarrollo de la región.
El Representante a la Cámara del Centro Democrático reiteró su compromiso con los agricultores, ganaderos, campesinos y pequeños productores de Casanare y dio un balance positivo de la realización del segundo Taller del Campo y los anuncios hechos por el gobierno nacional; a los que definió como una muestra del compromiso del gobierno Duque con la región y una oportunidad para asegurar soluciones por parte del Ministerio de Agricultura para el sector agrario de los 19 municipios del departamento.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
En Yopal, adulto mayor asesinó a su expareja tras discusión por intención de vender vivienda
Un nuevo caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia la mañana de este viernes 15 de mayo de 2026 en Yopal, cuando fue asesinada María Ofelia Mendoza Martínez, de 66 años, a manos de su excompañero sentimental en medio de una discusión dentro de su vivienda, en la carrera 12 con calle 42, barrio El Fical.
De acuerdo con la información oficial, la víctima, quien era modista y pertenecía a la Junta de Acción Comunal del sector, recibió una herida en el tórax con arma cortopunzante, lesión que le causó la muerte en la puerta del lugar de los hechos, hasta donde alcanzó a caminar en busca de ayuda. El ataque se habría producido tras una disputa relacionada con la intención del agresor de vender la casa en la que ambos habían residido.
El responsable fue identificado como Pedro Pablo Gualdrón Beltrán, de 73 años, quien luego de agredir a la mujer se autolesionó en el abdomen. La rápida reacción de la patrulla policial permitió su captura en flagrancia, luego de que uniformados acudieran al sitio alertados por voces de auxilio.
Como antecedente relevante, se conoció que la víctima había denunciado en 2009 a su agresor por violencia intrafamiliar, lo que vuelve a poner en evidencia la persistencia de este tipo de conflictos y su trágico desenlace cuando no se logran contener a tiempo. Las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el capturado.
CASANARE
En Villanueva, Juez declaró nulo Acuerdo Municipal que permitía legalizar asentamientos humanos
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal declaró en primera instancia la nulidad del Acuerdo Municipal 015 del 31 de agosto de 2025, expedido por el Concejo Municipal de Villanueva, mediante el cual se delegaban facultades al alcalde para la legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos de origen informal.
La decisión judicial se fundamenta en irregularidades en el trámite del proyecto de acuerdo. Dentro del proceso se encontró que este proyecto de acuerdo era de iniciativa exclusiva del Alcalde para su presentación ante el cabildo, pero el mismo fue presentado por el concejal Juan Carlos Caldas Ramírez, lo cual vició el proceso.
El despacho concluyó que el acuerdo fue tramitado sin cumplir el requisito según el cual este tipo de iniciativas, que implican delegación de funciones del concejo, deben ser presentadas exclusivamente por el alcalde. Esta omisión fue considerada un vicio sustancial en la formación del acto administrativo. Al emitir concepto dentro del proceso, la Procuraduría estuvo de acuerdo en solicitar, de igual manera, la nulidad del mencionado Acuerdo Municipal.
En consecuencia, el juzgado determinó que el Acuerdo 015 de 2025 incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse, lo que llevó a declarar su nulidad. La demanda fue presentada por el ciudadano Elkin Almonacid Herrera, quien alega que la ejecución del acuerdo podría generar no solo daños patrimoniales al municipio sino riesgos ambientales, sanitarios, y ecológicos dada la eventual legalización de loteos ilegales sin servicios públicos.
El Concejo Municipal por su parte, rechazó las afirmaciones del demandante sobre supuestas intenciones ilícitas, favorecimientos políticos o encubrimiento de urbanización ilegal, señalando que tal afirmación carece de pruebas y constituyen apreciaciones subjetivas.
CASANARE
Enerca le salió al paso a denuncias de presuntas irregularidades laborales de uno de sus contratistas
Ante la controversia, la empresa informó que actuó de manera inmediata solicitando al contratista un informe detallado que permita esclarecer cada uno de los casos denunciados, así como las acciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La respuesta busca determinar respuesta a las denuncias que se han venido conociendo.
ENERCA reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto por los derechos de los usuarios y la integridad de los trabajadores, asegurando que todos los procesos, tanto directos como tercerizados, deben ajustarse a la normatividad vigente en la prestación del servicio de energía.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice los canales oficiales de atención y denuncia, con el fin de reportar cualquier irregularidad. Esto, indicó, permitirá adelantar revisiones objetivas y garantizar que las situaciones sean atendidas con responsabilidad institucional.
