CASANARE
Agencia Nacional de Tierras entregó títulos a 64 familias en Casanare
Este martes de 22 de noviembre la Agencia Nacional de Tierras -ANT, realizó la entrega de 64 títulos de propiedad para la adjudicación de baldíos de la Nación a igual número de familias campesinas de nueve municipios del departamento del Casanare: Yopal, Hato Corozal, La Salina, Paz de Ariporo, Maní, Pore, Villanueva, Sabanalarga y San Luis de Palenque.
Los predios suman más de 3.000 hectáreas de tierra y que contribuirá a la productividad de la región, así como la autosostenibilidad alimentaria de esta población beneficiaria, como parte de la Reforma rural liderada por la Ministra de Agricultura, Cecilia López, y el Director General de la ANT, Gerardo Vega.
Casanare es uno de los departamentos con menos formalización del país y justamente esta entrega hace parte de esta estrategia de lograr que los campesinos que han vivido y trabajado la tierra por muchos años, tengan su título y acceda a los créditos y beneficio.
El otro título de propiedad es de Entidad de Derecho Público y lo recibió la Alcaldía de Yopal. Se trata del terreno baldío de 1.310 metros cuadrados y que permitirá consolidar el proyecto de construcción de la biblioteca de El Charte, en la cual va a beneficiar a 243 alumnos del colegio Gabriela Mistral de este corregimiento, potenciando el hábito de la lectura entre los estudiantes, insumo necesario para una buena educación y la Paz Total.
Cabe destacar que la ANT asumió todos estos expedientes y realizó las diligencias de notificación y constancias de ejecutoria pendientes, con la finalidad de solicitar el registro de las resoluciones ante las entidades competentes. La mayoría de estos campesinos llevan una espera de más de 15 años por tener sus títulos de propiedad de la tierra que trabajan y donde viven, por lo que la entrega es una apuesta del Director General, Gerardo Vega, por descongestionar los procesos pendientes.
El acto se realizó durante la jornada de los Diálogos Regionales Vinculantes de la Presidencia de la República en Yopal, con la participación de más de 3.000 personas
Fuente: Agencia Nacional de Tierras
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
