CASANARE
Acuden a una Acción Popular porque en Recetor no entregan viviendas ya terminadas
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal admitió una Acción Popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la Alcaldía de Recetor, la Gobernación de Casanare y la Unión Temporal Villa Lety, por no hacer entrega material a los 45 beneficiarios del denominado plan de vivienda, las cuales se encuentran terminadas desde hace cerca de 2 meses y por falta de ocupación se están deteriorando.
Las 45 viviendas fueron construidas en la nueva zona de expansión urbanística por la Unión Temporal, y desde hace 2 meses están terminadas, pero no cuentan con las redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, que están siendo construidas desde hace cerca de 2 años por parte de Acuatodos.
Esa ha sido la excusa por parte de la Alcaldía para negarse a entregar las viviendas a los beneficiarios, que reclaman recibirlas para trasladarse a la nueva zona de expansión urbanística, pero han encontrado esta traba que no les permite hacerlo.
El proyecto fue concebido en un OCAD departamental y el compromiso de la Gobernación de Casanare era la construcción de los servicios públicos, labor que le fue encomendada a la Empresa Acuatodos, pero transcurridos 2 años no han sido terminadas y ahora se requiere un adicional.
El proyecto de electrificación de la Urbanización fue recientemente contratado por la Alcaldía Municipal, pero aún así las viviendas siguen padeciendo de los servicios públicos, por lo que la Defensoría del Pueblo insturó esta Acción Popular, buscando que una orden judicial logre lo que los beneficiarios no han podido, es decir, que les entreguen sus viviendas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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