META
Abuelo obligado por las Farc a abandonar su casa en el Meta, será compensado
Un campesino de 85 años de edad y su familia, serán compensados por la Unidad de Restitución de Tierras, tras decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, que lo reconoció como víctima de abandono forzado de su predio de 24 hectáreas ubicado en la inspección de Puerto Toledo, en Puerto Lleras, Meta.
En 1990, el adulto adquirió el predio ‘Charco Amarillo’ que habitó junto con sus cuatro hijos y allí se dedicó al cultivo de plátano, yuca, cacao y frutales. Su suerte cambió en 2004 cuando tras la salida del Ejército, el frente 43 de las Farc Ep al mando de alias “Nacho” ingresó a la zona y conminó a los habitantes de la Puerto Toledo a abandonar el caserío, so pena de ajusticiarlos. Desafortunadamente, la orden del grupo ilegal se cumplió porque varios de sus pobladores fueron asesinados. Ante los hechos, esta familia se desplazó hacia Bogotá para salvaguardar sus vidas
Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la Unidad de Restitución de Tierras, asumió la representación judicial del adulto mayor y sus cuatro hijos. Como resultado de esa acción legal, la justicia ordenó la compensación por equivalencia medioambiental ya que el predio está ubicado en una zona que cuenta con afectación de ronda de protección hídrica. El terreno, será transferido a Cormacarena, autoridad ambiental que velará por su preservación.
Así las cosas, el adulto mayor no retornará al predio abandonado, pero a cambio, la Unidad le comprará una nueva vivienda en el sitio que él elija. En la sentencia, el juzgado también le ordenó otros beneficios, como atención en salud, educación y acompañamiento de las entidades del Estado para lograr su reparación integral.
Fuente: Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
