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Abuelo obligado por las Farc a abandonar su casa en el Meta, será compensado
Un campesino de 85 años de edad y su familia, serán compensados por la Unidad de Restitución de Tierras, tras decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, que lo reconoció como víctima de abandono forzado de su predio de 24 hectáreas ubicado en la inspección de Puerto Toledo, en Puerto Lleras, Meta.
En 1990, el adulto adquirió el predio ‘Charco Amarillo’ que habitó junto con sus cuatro hijos y allí se dedicó al cultivo de plátano, yuca, cacao y frutales. Su suerte cambió en 2004 cuando tras la salida del Ejército, el frente 43 de las Farc Ep al mando de alias “Nacho” ingresó a la zona y conminó a los habitantes de la Puerto Toledo a abandonar el caserío, so pena de ajusticiarlos. Desafortunadamente, la orden del grupo ilegal se cumplió porque varios de sus pobladores fueron asesinados. Ante los hechos, esta familia se desplazó hacia Bogotá para salvaguardar sus vidas
Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la Unidad de Restitución de Tierras, asumió la representación judicial del adulto mayor y sus cuatro hijos. Como resultado de esa acción legal, la justicia ordenó la compensación por equivalencia medioambiental ya que el predio está ubicado en una zona que cuenta con afectación de ronda de protección hídrica. El terreno, será transferido a Cormacarena, autoridad ambiental que velará por su preservación.
Así las cosas, el adulto mayor no retornará al predio abandonado, pero a cambio, la Unidad le comprará una nueva vivienda en el sitio que él elija. En la sentencia, el juzgado también le ordenó otros beneficios, como atención en salud, educación y acompañamiento de las entidades del Estado para lograr su reparación integral.
Fuente: Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
