CASANARE
Abril Tarache propone Acción de Grupo para que indemnicen a afectados por crisis vial en Casanare
El representante a la Cámara Jorge Camilo Abril Tarache, anunció acciones legales para buscar que el Gobierno Nacional a través de varias entidades indemnicen a los casanareños, por la emergencia vial que se está viviendo.
Dijo el parlamentario, que interpondrá una Acción de Grupo para buscar que el Gobierno Nacional, incluidos el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), indemnice cuanto antes a los afectados por la emergencia vial, por lo que convocó a los diferentes sectores involucrados a suscribir el mencionado mecanismo de participación ciudadana.
Abril Tarache explicó que el colapso del puente sobre río Charte en la doble calzada Aguazul – Yopal, era una situación totalmente previsible porque el Departamento no estaba preparado para el enorme tráfico industrial petrolero, a tal punto que distintos puentes del Departamento resisten a diario el paso de 1.500 camiones, sin contar que estos no tienen ni el mantenimiento ni el control adecuado para esta actividad, que incluso amenaza con el colapso de otros como el puente “La Cabuya” sobre el río Cravo Sur en la vía Yopal – Paz de Ariporo, ante lo que el dirigente político propone la instauración de la acciones para evitar daños contingentes.
La acción de grupo está reglamentada en el Artículo 3 de la Ley 472 de 1998, que debe ser presentada por al menos (20) personas a las que se le haya causado un daño común, puede ser presentada por personas naturales o jurídicas al correspondiente Juez del Contencioso Administrativo, y tiene un carácter indemnizatorio porque busca reparar el mencionado daño a esas personas, por lo que se ajusta exactamente a la condición de los afectados por la crisis vial en el Departamento de Casanare, “ante un ente gubernamental a nivel nacional que no implementó durante dos décadas la infraestructura necesaria para el desarrollo coherente y responsable de la explotación de hidrocarburos en Casanare”, reiteró el legislador casanareño.
Fuente: Prensa Camilo Abril Tarache
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
