CASANARE
Abren indagación preliminar al Alcalde de Yopal por recomendar “consumir producto colombiano”
La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez y la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, solicitaron a la Procuraduría General de la Nación investigar disciplinariamente al Alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, quien –en medio de un acto público– se refirió de manera denigrante y machista a las mujeres venezolanas y colombianas, estigmatizándolas como instrumentos sexuales.
Es así que la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar en contra del Alcalde de Yopal, quien se refirió en términos desobligantes hacia las mujeres, manifestaciones con las cuales habría atentado contra los derechos de aquellas y que a su vez implicarían actos de discriminación contra la mujer e incluso xenofobia. En este sentido, la Procuraduría verifica si el mandatario incurrió en una falta disciplinaria.
“Con las declaraciones efectuadas el 6 de abril de 2021, presuntamente pudo incurrir en conductas xenófobas, de estigmatización a las mujeres de nacionalidad venezolana que ejercen la prostitución en el Municipio de Yopal; asimismo, denigrantes contra la mujer y de promoción de la prostitución en la jurisdicción que gobierna, comportamiento que eventualmente comprometería su responsabilidad disciplinaria”, señala el auto de apertura de indagación preliminar.
Resuesta en 5 días
El ente de control requirió a la Secretaria de Gobierno municipal, para que en el término improrrogable de cinco (5) días, remita un informe detallado de las acciones y actuaciones administrativas que ha adelantado la Alcaldía Municipal, respecto del ejercicio de la prostitución en la jurisdicción del municipio.
Finalmente, el Ministerio Público recordó a todos los Alcaldes y Gobernadores del país la necesidad de que en las agendas públicas se tenga en cuenta la reciente recomendación No. 38 de 2020 de la CEDAW a los Estados parte, en la cual los insta a luchar decididamente contra la explotación sexual de niñas y mujeres y a combatir la demanda que la genere y mantiene -hombres que pagan por utilizar sexualmente a mujeres y niñas-, a fin de reducir los factores de riesgo que conducen a la trata: “La explotación sexual persiste porque los Estados partes no han desincentivado de manera eficaz la demanda que propicia la explotación y conduce a la trata. (…) En virtud del Protocolo contra la Trata de Personas, los Estados adoptarán o reforzarán medidas legislativas o de otra índole a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños”.
Así mismo, la Vicepresidente y la Consejera agradecieron el compromiso del Ministerio público en defensa de las mujeres, y recalcaron la importancia de que se siente un precedente en este caso, que involucra a un servidor público.
Fuente: Vicepresidencia de la República – Procuraduría General de la Nación
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
