La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez y la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, solicitaron a la Procuraduría General de la Nación investigar disciplinariamente al Alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, quien –en medio de un acto público– se refirió de manera denigrante y machista a las mujeres venezolanas y colombianas, estigmatizándolas como instrumentos sexuales.

Es así que la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar en contra del Alcalde de Yopal, quien se refirió en términos desobligantes hacia las mujeres, manifestaciones con las cuales habría atentado contra los derechos de aquellas y que a su vez implicarían actos de discriminación contra la mujer e incluso xenofobia. En este sentido, la Procuraduría verifica si el mandatario incurrió en una falta disciplinaria.

“Con las declaraciones efectuadas el 6 de abril de 2021, presuntamente pudo incurrir en conductas xenófobas, de estigmatización a las mujeres de nacionalidad venezolana que ejercen la prostitución en el Municipio de Yopal; asimismo, denigrantes contra la mujer y de promoción de la prostitución en la jurisdicción que gobierna, comportamiento que eventualmente comprometería su responsabilidad disciplinaria”, señala el auto de apertura de indagación preliminar.

Resuesta en 5 días

El ente de control requirió a la Secretaria de Gobierno municipal, para que en el término improrrogable de cinco (5) días, remita un informe detallado de las acciones y actuaciones administrativas que ha adelantado la Alcaldía Municipal, respecto del ejercicio de la prostitución en la jurisdicción del municipio.

Finalmente, el Ministerio Público recordó a todos los Alcaldes y Gobernadores del país la necesidad de que en las agendas públicas se tenga en cuenta la reciente recomendación No. 38 de 2020 de la CEDAW a los Estados parte, en la cual los insta a luchar decididamente contra la explotación sexual de niñas y mujeres y a combatir la demanda que la genere y mantiene -hombres que pagan por utilizar sexualmente a mujeres y niñas-, a fin de reducir los factores de riesgo que conducen a la trata: “La explotación sexual persiste porque los Estados partes no han desincentivado de manera eficaz la demanda que propicia la explotación y conduce a la trata. (…) En virtud del Protocolo contra la Trata de Personas, los Estados adoptarán o reforzarán medidas legislativas o de otra índole a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños”.

Así mismo, la Vicepresidente y la Consejera agradecieron el compromiso del Ministerio público en defensa de las mujeres, y recalcaron la importancia de que se siente un precedente en este caso, que involucra a un servidor público.

Fuente: Vicepresidencia de la República – Procuraduría General de la Nación