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A prisión siete presuntos implicados en el secuestro de dos comerciantes en el Meta
Por solicitud de la Fiscalía especializada adscrita al Gaula Ariari fueron enviados a prisión tres mujeres y cuatro hombres, presuntamente, implicados en el secuestro de dos comerciantes.
Se trata de John Jairo Cifuentes Castrillón, Marisol Blandón Cantillo, Rosa María Hernández Pérez, Marlon David Venecia Moreno, Boris Vladimir Hernández Carrero, Carlos Milton Robayo Vargas y Diana Milena Méndez García.
Según investigación de la Fiscalía, los presuntos secuestradores se comunicaron con la familia de las víctimas a quienes les exigieron el pago de 500 millones de pesos por la liberación de sus seres queridos. Los procesados fueron identificados plenamente como quienes habrían recibido el dinero exigido a la víctima, por lo que fueron capturados en Cúcuta (Norte de Santander), Cartagena (Bolívar), Necoclí (Antioquia), Bogotá D.C. y Villavicencio (Meta).
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 13 de agosto en el municipio de Puerto Lleras (Meta) donde Pedro Ferney Novoa y Hugo Aranda Villar llegaron con la intención de comprar unos predios, pero fueron retenidos por un grupo de personas quienes se habrían identificado como integrantes de las Farc.
Los procesados fueron capturados por integrantes del grupo GAULA Policía y Gaula Militar Ariari y en audiencias concentradas ante un juzgado con función de control de garantías fueron imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo, cargo que no fue aceptado por ninguno de los procesados.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
