REGIÓN
A prisión mujer que estafó a 35 personas en Meta, Casanare, Huila y Tolima
El juez Sexto Municipal de Villavicencio envió a la cárcel a Elda Susana Prada Páez, presuntamente responsable de estafar a 35 personas en cuatro departamentos.
El material de prueba recaudado evidencia cómo entre mayo de 2013 y febrero de 2021 la procesada habría ofrecido en venta casas de interés social y alquilado vehículos que no devolvía pero, presuntamente, sí los vendía.
Por estos hechos un fiscal de la Seccional Meta imputó a la procesada cargos por delitos de estafa agravada masa, simulación de investidura o cargo y uso de documento falso. Ninguno fue aceptado.
La procesada habría recaudado, entre 2013 -2021, 647’600.000 pesos de incautos ubicados en Meta, Casanare, Huila y Tolima.
La investigación
Según las denuncias, la mujer habría incurrido en dichos delitos en dos periodos de tiempo y bajo dos modalidades. Así, entre mayo de 2013 y diciembre de 2015 habría engañado a diez personas mediante supuesto alquiler de vehículos para trabajar en empresas petroleras.
Según consta en el proceso tras recibir los carros que, supuestamente, vincularía a las empresas, desaparecía. En ese proceso habría vendido de manera ilícita automotores por 366’700.000 pesos.
En otra oportunidad, esta vez entre enero de 2017 y febrero de 2021, 25 personas habrían sido afectadas al creer que podrían obtener a viviendas de interés social ofrecidas por la procesada.
En la investigación se señala que la mujer les decía a sus víctimas que laboraba para la gobernación de Meta; y en otras oportunidades afirmaba trabajar para la alcaldía de Villavicencio.
De esta manera habría convencido a los incautos que con la ilusión de acceder a una vivienda le entregaron sus dineros. El monto de esta posible estafa fue calculado en $280’900.000.
La evidencia recaudad señala a la mujer de haber exigido a sus víctimas pagos de 6 a 18 millones de pesos. Solo de esta manera los afectados, supuestamente, aseguraban la adjudicación de cupos para obtener viviendas de interés social que, supuestamente, estarían ubicadas en los sectores de La Madrid, San Antonio y 13 de Mayo en Villavicencio.
Con el propósito de hacer efectiva la captura de Elda Susana Prada Páez llegaron al municipio de Zipaquirá (Cundinamarca) investigadores del CTI de la Fiscalía adscritos a la Estructura de Apoyo EDA y de la Policía Nacional para cumplir la orden judicial que pesaba en contra de la procesada.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
