META
A prisión cuatro colaboradores del Clan del Golfo en el Meta
En Meta y Cundinamarca fueron capturados cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Gatilleros’, señalados de los delitos de homicidio, extorsión, concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicaciones y tráfico, fabricación porte y/o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y/o municiones.
Entre los capturados se encuentran reconocidos criminales como alias ‘Virgilio’, ‘Marisol’, ‘Macancán’ y ‘Juancho’, lo que permitió la desarticulación de esta estructura quienes desarrollaban su actividad ilícita principalmente en los municipios de Barranca De Upía, Cabuyaro, Puerto López y Puerto Gaitán del departamento del Meta, a través de homicidios selectivos, control del microtráfico y cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, agricultores y demás gremios de la región, de la cual se deriva su principal fuente de financiación.
La investigación
Fueron doce meses donde se desplegaron diferentes técnicas en investigación de campo, interceptación de llamadas, entrevistas, estudios y análisis de material de inteligencia, que permitieron establecer que estas personas harían parte activa del brazo armado de la subestructura ‘Gonzalo Oquendo Urrego’ del ‘Clan del Golfo’. Sumado a esto, se logró evidenciar que ‘Los Gatilleros’ se encuentran vinculados en tres hechos violentos de homicidio registrados en el Meta durante el año 2021 y de un homicidio en el grado de tentativa del año en curso.
Las capturas de estas personas se lograron ejecutar de manera simultánea, así: ‘Virgilio’ y ‘Marisol’, tras el desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento realizada en la vereda Suárez del municipio de Topaipí, departamento de Cundinamarca.
Por otra parte, ‘Macancán’ fue capturado en el barrio Prados de Siberia de la ciudad de Villavicencio. Al momento de su detención, se le halló en su poder un dispositivo de vigilancia electrónica, también se logró establecer que es integrante de la mesa de justicia y paz, y desmovilizado de las extintas Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada.
Por último, ‘Juancho’ fue capturado en el municipio de Granada, cuando se desplazaba a pie por el casco urbano de esta jurisdicción. Gracias a los aportes investigativos y a los acervos probatorios logrados obtener durante las indagaciones, permitió al Juzgado Promiscuo Municipal Con Función De Control De Puerto Rico expedir las órdenes de captura contra estas personas.
Los capturados entre los 19 y 44 años de edad junto al arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía No. 10 especializada de Villavicencio, donde un Juez de la República los envió a prisión.
Fuente: Policía Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
