CASANARE
A partir del 31 de agosto se ajusta en $1.904 el precio de venta al público del galón de ACPM
Los Ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público expidieron las resoluciones mediante las cuales se tomó la decisión de ajustar, a partir del sábado 31 de agosto, en $1.904 el precio de venta al público del galón de ACPM.
Actualmente, cuando un consumidor compra diésel en una estación de servicio, el consumidor paga menos del 50% del precio que cobra el refinador o importador de ese combustible. El Gobierno nacional, por medio del FEPC, paga el resto. Esto ha llevado a un problema fiscal histórico que ha representado acumuladamente, en pesos de 2024, cerca de $115 billones.
El 100% del déficit del FEPC en 2024 corresponde al diésel. Esto se ha convertido en una situación insostenible para el país, el cual ha puesto en jaque la viabilidad fiscal de la Nación y podría comprometer la estabilidad macroeconómica del país.
Este subsidio además lo reciben las personas con más ingresos de la población.
De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, las personas del 10% más rico de la población reciben 10 veces más los beneficios del FEPC que las personas del 10% con menores ingresos. Esto es inequitativo e ineficiente.
• Adicionalmente, mantener subsidios a los combustibles fósiles es contrario a la transición energética y desincentiva la necesaria descarbonización de la economía.
• En este sentido, a partir de hoy se hará un primer ajuste del ingreso al productor del diésel en el país, incrementándolo $2.000 / galón, lo cual se refleja en un incremento levemente menor en el precio de venta al público: $1.904.
• Este incremento, estima el Gobierno nacional, produciría un incremento en la inflación total de 0,3 pp al cierre de este año, al tiempo que generaría un ahorro fiscal de $1,6 billones en lo que queda del año.
Por otra parte, la gasolina presentará una ligera variación de ocho pesos por galón, debido a las condiciones internacionales estables en relación con los insumos fósiles y la metodología de fijación del precio del alcohol carburante.
Fuente: Ministerio de Hacienda
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
