CASANARE
A partir de julio de 2025 entraría en funcionamiento la Unidad Renal en el HORO
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, sostuvo una mesa de trabajo con el Superintendente Nacional de Salud, Giovany Rubiano, con el propósito de avanzar en soluciones estructurales y fortalecer el sistema de salud casanareño.
Durante el encuentro se abordaron temas sensibles que afectan directamente a la población, entre ellos, la garantía en el giro de recursos a las instituciones prestadoras de salud, teniendo en cuenta que la mayoría de las EPS que operan en Casanare se encuentran intervenidas. En este sentido, el Superintendente mediará con los agentes interventores para priorizar los pagos a la red pública y asegurar la continuidad del servicio.
A la reunión también asistieron el director del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), Andrés Ávila; la secretaria de Salud departamental, Tatiana Chávez; el diputado Heyder Silva, entre otros actores del sector salud.
A partir de julio Unidad Renal en el HORO
Uno de los anuncios más relevantes fue la proyección de apertura de la Unidad Renal en el HORO, la cual entraría en funcionamiento a partir del mes de julio de 2025. Actualmente, Casanare solo cuenta con un operador privado para este servicio, por lo que esta gestión busca ampliar la cobertura y el acceso a tratamientos especializados en el departamento.
Asimismo, se confirmó que el punto de atención de la Superintendencia de Salud permanecerá en Casanare, a pesar del traslado de la sede regional al departamento del Meta. Esta decisión garantiza que los usuarios continuarán teniendo acceso a trámites y atención directa en el territorio.
Otros temas destacados de la jornada fueron:
- Socialización de avances en los estudios y diseños del nuevo hospital de alta complejidad.
- Fortalecimiento en la entrega de medicamentos a través de la red pública hospitalaria.
- Acompañamiento en la recuperación de servicios tercerizados en el HORO, con el objetivo de que regresen como unidades propias.
- Ratificación del compromiso de las EPS intervenidas con la contratación y pago oportuno a la red pública.
La Gobernación de Casanare y la Superintendencia Nacional de Salud ratificaron su voluntad de continuar trabajando articuladamente para que la prestación de servicios de salud se mantenga y se fortalezca en beneficio de todos los casanareños.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
