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A la cárcel por vender lotes en zonas de protección ambiental y rondas hídricas en el departamento del Meta
El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a seis posibles integrantes de una organización delincuencial que desde enero de 2022 se habría dedicado a la comercialización de tierras ubicadas en zonas de protección y de recuperación de fuentes hídricas del río Guatiquía.
Se trata de José Jairo Riveros Medina, presunto cabecilla de la organización ilegal; Blanca Yamile Vergara Jaimes y Edwin Abel Mendoza, quienes se desempeñarían como comisionistas y encargados de vender los lotes. También fueron judicializados Cristian Camilo Romero Pérez, Luis Heberto Leyton Brito y Álvaro Malaver Aros.
Según la investigación, la red ilegal provocaba incendios forestales para arrasar la capa vegetal, luego de lo cual parcelaban los terrenos y comercializaban lotes como parte de un proyecto urbanístico. También se determinó que usaron maquinaria amarilla para afectar la cobertura boscosa y construir vías ilegales que les permitieran facilitar el acceso a estas zonas.
En poder de los procesados fueron encontradas tres armas de fuego con las que amenazaban y extorsionaban a quienes se atrevían a opinar en contra de esta actividad.
Mediante estas acciones la red criminal habría alcanzado a comercializar más de 700 lotes de terreno, cuyos valores individuales en muchos casos llegaban a los 60 millones de pesos, generando rentas ilegales por, al menos, 42.000 millones de pesos.
El ente acusador evidenció que con estas acciones la estructura criminal causó graves daños al ambiente, pues generó una disminución de la población de fauna y flora silvestre, se afectaron las fuentes hídricas y la zona natural protegida.
Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los procesados los punibles de: invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, urbanización ilegal, extorsión y daño en los recursos naturales y ecocidio.
Fuente: Fiscalía Meta
META
Procuraduría verifica avance en obras para suministro de agua en Villavicencio
En el marco de la actuación preventiva sobre el suministro de agua, la Procuraduría General de la Nación reiteró que mantendrá el seguimiento institucional y exigió la pronta implementación de acciones que protejan el derecho de los villavicenses a acceder a agua potable de calidad.
En visita técnica para revisar el avance de proyectos estratégicos en Villavicencio, claves para restablecer el suministro de agua potable, el ente de control verificó la reconstrucción del viaducto sobre el río Guatiquía y la rehabilitación de la estación de bombeo de Puente Abadía, corroborando la información técnica suministrada por los responsables, así como los adelantos en infraestructura.
Asimismo, durante la inspección, la Entidad oficializó los compromisos que deben asumir tanto la administración local como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), entre ellos, el respeto a los plazos de ejecución y la pronta respuesta a los trámites administrativos.
El Ministerio Público reafirma su labor preventiva, reiterando el acompañamiento de la Procuraduría para que Villavicencio recupere y mantenga el servicio esencial de agua y exhortando a las autoridades al cumplimiento riguroso de los acuerdos establecidos.
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En el año 2000 el conflicto armado lo desterró, hoy le devolvieron el predio y montó un almacén de ropa
En cumplimiento de la sentencia de restitución y de las órdenes judiciales orientadas a garantizar la estabilización económica de las víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) implementó un proyecto productivo urbano de almacén de ropa para el señor José Roberto Hoyos, restituido y víctima del conflicto armado en Mapiripán (Meta).
Los hechos victimizantes tuvieron lugar en el año 2000, cuando Hoyos debió abandonar forzosamente su predio debido a los enfrentamientos entre paramilitares y la guerrilla de las Farc, así como a las presiones que estos actores armados imponían a la población civil, incluida la amenaza de reclutamiento. Esta situación obligó al solicitante a dejar su tierra.
Tras recuperar su predio mediante sentencia, Hoyos inicia ahora una nueva etapa de reconstrucción económica. La URT le otorgó un subsidio de 40 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) para la creación de un almacén de ropa, el cual funcionará directamente en el predio restituido, convirtiéndose en una fuente estable de ingresos para él y su familia.
La Unidad realizó recientemente el primer desembolso de recursos, destinados a la compra de vitrinas, estanterías, maniquíes, avisos tipo letrero, mostradores y mobiliario, elementos esenciales para la operación del negocio.
El director territorial de la URT en Meta, Robert Gabriel Barreto, señaló que “este tipo de proyectos materializan el restablecimiento económico y la autonomía de las víctimas, permitiendo que transformen su experiencia de despojo en nuevas oportunidades”.
Por su parte, José Roberto Hoyos agradeció el acompañamiento de la URT y destacó que este emprendimiento significa una oportunidad real para asegurar el sustento propio y el de su familia, aprovechando de manera productiva el predio restituido.
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
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