META
A la cárcel involucrados en extorsiones y amenazas a comerciantes en el sur del Meta
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad a tres mujeres y cuatro hombres que harían parte del grupo delincuencial ‘Los Juanitos’, presuntamente dedicados a extorsionar comerciantes de la región del Ariari, sur del Meta.
Se trata de Yelin González Restrepo, alias Bella; Marby Viviana Sanabria Rico, alias Marcela; William Harvey Ortiz Ramos, alias El cantante; Juan Manuel Andrade Pérez, alias Cofla; Ángel Mauricio Grajales Godoy, alias Siete; Wilmer Alexander Hernández y Sandra Milena Quiñonez Quiñonez, alias Simpson, quienes fueron imputados con delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, amenazas y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Cargos que no fueron aceptados por los procesados.
Los procesados vendrían realizando amenazas desde 2022. Llamadas y panfletos amenazantes serían la manera de intimidar a las víctimas, quienes consignaban los dineros en corresponsales bancarios.
En desarrollo de cuatro diligencias de registro y allanamiento realizadas por la Policía Nacional en Granada, San Martín, Vistahermosa y San Juan de Arama (Meta) fueron capturados los investigados, quienes cumplirían roles determinados al interior de la red criminal.
Por solicitud de la Fiscalía un juez con función de control de garantías envió a la cárcel a seis de los capturados. Sandra Milena Quiñonez fue afectada con detención domiciliaria por su condición de madre lactante.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
