CASANARE
Aguazul y Yopal entre las ciudades que más producen residuos peligrosos
El país generó 305.216 toneladas de residuos peligrosos en 2016, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- Ideam-. Rusia es el mayor generador de residuos peligrosos del planeta (más de cinco mil millones de toneladas cada año) seguido de China, Estonia y Noruega.
Si bien Colombia no produce cantidades alarmantes de residuos considerados peligrosos, sí está por encima de economías y poblaciones latinoamericanas como México (98.822 Toneladas en 2015) y Cuba (301.860 Toneladas en 2015). “Registramos un descenso del 25% en la generación de residuos peligrosos con respecto al 2015”, indicó Omar Franco director del Ideam.
Este descenso en la disminución de residuos peligrosos se relaciona con la disminución de la producción de petróleo crudo y de gas, asegura el Informe Nacional de Residuos o Desechos Peligrosos en Colombia 2016.
Con respecto a la disposición final de los residuos peligrosos, el último eslabón de la cadena donde éstos van a parar a las celdas de seguridad en los relleno sanitarios, hubo una leve disminución en relación a los años 2014 (171.206), 2015 (172.357) y 2016 (121.112).
Franco dijo que todas las actividades industriales general residuos peligrosos “los empresarios están empezando a tener consciencia sobre las actividades de post-consumo, haciendo aprovechamiento y mejoras en el tratamiento de estos residuos”.
En ese sentido, el petróleo genera la mayor cantidad de residuos peligrosos en Colombia. A su vez, según el Ideam, es el sector que mejor aprovechamiento hace con una tendencia a la disminución de la generación de estos residuos.
Casanare, Meta, Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca y Antioquia son las regiones que más generan residuos peligrosos. Sin embargo, por ciudades y municipios Bogotá (36.280 Toneladas), Villavicencio (30.063 Toneladas), Aguazul (25.674 Toneladas) y Yopal (18.551 Toneladas) son las que más los producen.
Las tres actividades económicas que reportaron mayor generación fueron: las derivadas de la extracción de petróleo crudo y gas (38%), actividades de hospitales y clínicas (8%) y las industrias básicas de hierro y acero (8%).
“Tenemos varios retos. Uno de ellos es buscar más aprovechamiento de más residuos peligrosos porque no tenemos la capacidad instalada para tratarlos en el país. Otro reto es tener más gestores de residuos peligroso en zonas donde el Estado no llega”, afirmó Diego Escobar, Coordinador del grupo de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos del Ministerio de Medio Ambiente.
El Asbesto y algunos desechos hospitalarios no se aprovechan debido a que Colombia no cuenta con la capacidad para hacerlo. Estos residuos peligrosos, aclara Escobar, van a una celda de seguridad en los rellenos sanitarios debidamente controlados.
Fuente: RCN Radio
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
