El Instituto Nacional de Vías publicó los prepliegos para los Estudios y Diseños de la Variante de Yopal, en el departamento de Casanare, para los cuales se dispuso de un presupuesto de 991 millones de pesos.
Así lo informó el Director del Invías, Carlos García Montes, quien explicó que con estos Estudios se llevará a cabo la actualización y complementación del diagnóstico ambiental de alternativas viales, y Estudios a Fase II del proyecto vial.
El funcionario precisó que una vez la autoridad ambiental seleccione el trazado de la vía, se pasa a la segunda fase, donde se determina la viabilidad técnica y económica de continuar a la etapa de estudios definitivos y definir la necesidad de su construcción a corto, mediano o largo plazo.
Los prepliegos pueden ser consultados en la página del Portal Único de Contratación, SECOP, (www.secop.gov.co) con el número CMA-DT-SEI-015-2018.
Fuente: Prensa y Comunicaciones Invías
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
El Gobierno nacional declaró libre de contaminación por minas antipersona más de 1.800 metros cuadrados de terrenos ubicados en los alrededores de la escuela del municipio La Salina, en el departamento de Casanare.
Las labores de desminado beneficiaron directamente a 58 personas de la comunidad e impactaron de manera indirecta a 83 más, quienes ahora transitan por el lugar y asisten a la escuela con tranquilidad, confirmó la Consejería Comisionada de Paz.
Las labores se iniciaron en el 2022 y estuvieron a cargo del grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) que designó al operador de desminado humanitario The HALO Trust para llevar a cabo las operaciones de despeje.
El área despejada es conocida como Camino Potrero Grande, está situada a tan solo 150 metros de una escuela veredal de este municipio, reconocido por sus minerales, café, cerros encumbrados y paisajes de inmensa belleza.
En coordinación con la Consejería Comisionada de Paz se adelantan actividades de educación en el riesgo de artefactos explosivos con los habitantes de las áreas intervenidas.
Estas actividades, dirigidas especialmente a niñas, niños y docentes, fueron fundamentales para promover el autocuidado y generar una cultura de comportamientos seguros dentro de la comunidad.
Con el compromiso de los operadores de desminado, el Gobierno trabaja en diversos territorios del país para salvaguardar la integridad de las comunidades, restableciendo sus derechos básicos y construyendo territorios más seguros.
Fuente: Presidencia de la República
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