CASANARE
Gobernación de Casanare inauguró los puentes Tegüitana y Caracoleña en zona rural de Chámeza
El gobernador de Casanare Cesar Ortiz Zorro, inauguró los puentes vehiculares en concreto reforzado sobre las quebradas La Caracoleña y Tegüitana, en el municipio de Chámeza.
“La obra se entregó en tiempo récord, no se necesitó adicional, ni en tiempos ni en recursos, y lo más importante, beneficia a más de cinco veredas, garantizando el tránsito seguro de sus habitantes, el tránsito de dos rutas escolares, y la comercialización de productos agrícolas, como caña, café, cacao, leche, cuajada y lulo, entre otros. Hoy la comunidad está feliz porque atendimos una petición histórica, de un sector estigmatizado durante mucho tiempo por la violencia”, dijo Zorro.
El alcalde Bernardo Pérez, agradeció a Zorro la buena voluntad y disposición para formular, viabilizar, asignar y finiquitar dos puentes que la comunidad pedía a gritos, “se hicieron unas excelentes obras, que cuentan con su respectiva prueba de carga, en un sector olvidado durante mucho tiempo, con gente resiliente y trabajadora, que poco a poco ha venido surgiendo, sobreponiéndose a las adversidades. Gracias Gobernador por untarse de pueblo, gracias por aportar al desarrollo del municipio”, dijo el burgomaestre.
“Hoy nos enorgullece estar aquí en estas quebradas, en donde muchas veces tuvimos que esperar horas y horas para poder pasar, en época de invierno. ¡Al fin se acaba el martirio, con la construcción de estos puentes, el transporte de nuestros productos ya es una realidad!”, dijo a su vez, Luis Enrique Cruz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tegüita Alta de Chámeza.
Con una inversión de $5.737 millones, de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, los puentes fueron ejecutados por el Instituto Financiero de Casanare (IFC).
Es la primera obra de infraestructura que el IFC entrega, y lo hace con satisfacción. “Estamos muy orgullosos de entregar los dos puentes, en un tiempo de ocho meses, con todas las calidades y especificaciones técnicas exigidas. De parte del Instituto Financiero de Casanare, total agradecimiento con usted Gobernador por depositar esa confianza en nosotros para ejecutar obras bien planeadas que contribuyan al desarrollo del departamento”, dijo el gerente del IFC, Óscar Javier Araque Garzón.
La ejecución de los puentes, La Caracoleña y Tegüitana, generaron más de 60 empleos, entre directos e indirectos en el sector, con la vinculación de distintos gremios y cero accidentes, “fue un trabajo en equipo con la comunidad, que culminó con éxito”, reiteró Araque Garzón.
Las nuevas estructuras cuentan con un carril sencillo de 4,0 metros de ancho, además de un andén peatonal de 0,90 metros y dos barandas de concreto reforzado, que aportarán seguridad a peatones y conductores. Cada puente tiene una luz aproximada de 26,60 metros, entre caras de estribos, diseñada para resistir las condiciones hidráulicas de las quebradas y las cargas vehiculares propias del tránsito rural.
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
