CASANARE
Gobierno designa a exparamilitares como gestores de paz; en la lista figuran “Martín Llanos” y su padre
La Presidencia de la República firmó la Resolución 327 de 2025, mediante la cual se otorgó la categoría de gestores de paz a 14 exjefes paramilitares. Entre ellos figuran Héctor José Buitrago Rodríguez y su hijo Héctor Germán Buitrago Parada, alias “Martín Llanos”, fundadores y máximos comandantes de las Autodefensas de Casanare (ACC), grupo que marcó con violencia la historia reciente del departamento.
La inclusión de los Buitrago en esta lista ha generado amplio interés en Casanare, donde durante más de dos décadas las ACC tuvieron control territorial, protagonizando enfrentamientos con otros grupos armados ilegales y dejando miles de víctimas en zonas rurales y urbanas. Para muchas comunidades, el reconocimiento de estos exjefes como gestores de paz representa tanto una expectativa de verdad como un recuerdo doloroso de los años más crudos del conflicto.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la medida busca que los antiguos comandantes aporten a la reconstrucción del tejido social y al esclarecimiento de vínculos con el Estado y otros actores. “Hay sectores que se preocuparán y asustarán, pero quien critique esta resolución lo acuso de tenerle miedo a la verdad”, declaró el funcionario.
No cambia la situación jurídica
El documento oficial aclara que el nombramiento no cambia la situación jurídica de los exparamilitares ni significa beneficios judiciales. La resolución estará en vigencia hasta el 6 de agosto de 2026, un día antes de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, y será coordinada por el Ministerio del Interior junto con el DAPRE.
Además de los Buitrago, también fueron designados otros exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Carlos Mario Jiménez (Macaco) y Diego Fernando Murillo (Don Berna), entre otros, quienes deberán suscribir un acta de compromiso con actividades concretas de reparación y aporte a la verdad.
En Casanare, el anuncio ha despertado expectativa sobre los aportes que puedan hacer los excomandantes de las ACC en materia de verdad histórica, reparación a víctimas y esclarecimiento de responsabilidades, especialmente frente a los hechos ocurridos en municipios como Monterrey, Villanueva, Tauramena y Yopal, donde su poder armado dejó profundas huellas sociales.
Fuente: El Diario del Llano
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
