META
Hace 30 años la obligaron a abandonar su finca en Acacías, hoy será compensada
Después de 30 años de abandonar forzadamente su predio, una mujer y su familia, víctimas del conflicto armado, serán compensadas. El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, falló a su favor y ordenó la restitución mediante compensación del predio rural ‘Los Valientes’, un terreno de más de 13 hectáreas.
La sentencia reconoce que no es posible el retorno, por razones de seguridad y salud, por lo que la familia deberá ser compensada económicamente. La historia se remonta al año 1984, cuando la pareja de esposos adquirió este predio, ubicado en la vereda Loma del Pañuelo. Allí criaron a sus hijos, sembraron café, yuca, maíz y plátano.
Llegó la violencia y el destierro
El 10 de diciembre de 1994, la violencia les arrancó la tranquilidad: las Farc asesinaron al jefe del hogar y a su hijo mayor, obligando a la madre y al hijo menor a abandonar su tierra. Desde entonces, sus vidas transcurrieron en un constante peregrinaje por Acacías y Villavicencio, en Meta, tal como Falan y Mariquita, en Tolima.
El Tribunal no solo reconoció el abandono forzado y el despojo violento con enfoque de género, sino que rechazó los argumentos del opositor, quien alegó haber adquirido el terreno “de buena fe” en 2007.
Además, el fallo ordena a la Agencia Nacional de Tierras que adelante la recuperación del baldío y coordine con la URT la compensación para la mujer, quien por su edad, discapacidad de su hijo y riesgo vigente (hoy protegida por la UNP), no puede regresar al campo.
El terreno se encuentra además dentro del bloque LLA36 de exploración y producción de hidrocarburos, operado por la empresa MONTECZ S.A., una realidad que suma desafíos, pero no impide la reparación.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que “este fallo es también una alerta sobre la necesidad de seguir protegiendo a las mujeres campesinas, a quienes la guerra desplazó y silenció por años”.
Fuente: Comunicaciones Unidad de Restitución de Tierras
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo adelantaron una Mesa Bilateral en el Meta, con el propósito de analizar casos emblemáticos de restitución y dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes en la región.
La reunión estuvo presidida por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Gabriel Barreto, y la defensora regional del Pueblo, Dorys Ruiz Vanegas, quienes ratificaron el compromiso institucional de garantizar la representación y participación de la población vulnerable en los procesos de restitución de tierras.
Durante la jornada se abordó el caso emblemático del predio ‘El Carpintero’, ubicado en el municipio de Cabuyaro, el cual se encuentra en etapa judicial e involucra a alrededor de 422 terceros intervinientes, cuya representación judicial estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se revisaron seis casos con sentencias que ordenan sucesiones, con el fin de hacer efectivas las órdenes de compensación emitidas por los jueces y magistrados especializados.
Durante la reunión se recordó que un tercero es toda persona que tiene una relación o un interés sobre el predio objeto de reclamación. Dicha persona pasa a ser tercero interviniente cuando decide materializar su participación en el proceso, es decir, cuando solicita ser escuchado o presenta pruebas.
Con esta Mesa Bilateral, se reafirmó el cumplimiento de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 de 2019, suscrita entre la URT y la Defensoría del Pueblo, que busca garantizar atención jurídica, asesoría y acompañamiento a terceros intervinientes y a segundos ocupantes reconocidos en etapa posfallo.
Finalmente, las entidades acordaron que la próxima sesión de la mesa se llevará a cabo el 4 de diciembre, con el fin de verificar los avances en los compromisos adquiridos y continuar fortaleciendo la protección de los derechos de las comunidades víctimas y terceros ocupantes en el Meta.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a Angélica María Romero Manrique, de 26 años, a la pena de 35 años y 6 meses de prisión por el asesinato de una mujer en el barrio Industrial de Villavicencio (Meta), ocurrido el 9 de julio de 2018. La procesada fue hallada culpable del delito de homicidio agravado.
De acuerdo con la investigación de la Unidad de Vida de la Seccional Meta, Romero Manrique interceptó a la víctima cuando caminaba en vía pública junto a su hijo menor de edad. Tras iniciar una riña por supuestos comentarios que habría escuchado, la agresora la atacó con un arma cortopunzante.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El juez negó la suspensión condicional de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria, por lo que la condenada deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.
La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. La Fiscalía destacó que este resultado reafirma su compromiso con la judicialización de los responsables de delitos que afectan la vida y la integridad de las personas.
Fuente: El Diario del Llano
A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.
El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.
Fuente: El Diario del Llano
