Con ocho proyectos solares implementados y licenciados, el departamento del Meta se consolida como uno de los territorios más activos en la transición energética del país. Este impulso responde a su alta disponibilidad de radiación solar —una de las más favorables en Colombia—, que convierte al Meta en una región estratégica para la generación de energías limpias mediante paneles solares.

En este avance, Cormacarena ha desempeñado un papel determinante, impulsando y evaluando técnicamente iniciativas que buscan reemplazar el uso de fuentes convencionales como el carbón, el petróleo o el gas, por alternativas sostenibles que contribuyen a la protección ambiental del territorio.

En total, estas iniciativas aportan más de 200 megavatios (MW) de capacidad instalada, lo que representa un avance tangible en la generación de energías limpias en el Meta. Cinco de los proyectos, impulsados por la empresa Isagen, ya están en funcionamiento y se concentran en la Altillanura, especialmente en el municipio de Puerto Gaitán. A esto se suma el proyecto Bosques Solares de los Llanos 6, en Villavicencio, que aportará 79,6 MW al Sistema Interconectado Nacional y que actualmente avanza en su fase de construcción.

Actualmente, Cormacarena adelanta la evaluación técnica de dos nuevos proyectos solares: el Parque Solar Fotovoltaico La Tabla y la propuesta presentada por la empresa Solenium S.A.S., que se encuentran próximos a iniciar su ejecución. Estos proyectos abren nuevas posibilidades para fortalecer el uso de energías limpias desde el Meta.

Fuente: Comunicaciones Cormacarena

El sector campesino del departamento del Meta ha alcanzado un hito significativo en su desarrollo económico, al registrar ventas superiores a los $11.000 millones entre 2023 y 2025 con el impulso del convenio entre Ecopetrol y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Gracias a esta alianza, las familias campesinas de Acacías, Castilla La Nueva, Guamal, Villavicencio, Cubarral y Puerto Gaitán han logrado diversificar sus mercados y ampliar sus oportunidades de comercialización en distintos canales: plazas y centrales de abastos (60%), supermercados y tiendas especializadas (30%), y restaurantes y casinos (10%).

En el marco del convenio, se han llevado a cabo más de 48 eventos comerciales con la participación de más de 490 familias campesinas.

En 2024 se creó la Cooperativa Multiactiva Red de Abastecimiento de Alimentos del Meta – RedMeta, la cual ya ha consolidado 16 acuerdos comerciales. Esta iniciativa se viene fortaleciendo bajo un enfoque de economía solidaria, con el acompañamiento técnico de la Unidad Solidaria y la empresa Logyca.

Infraestructura y diversificación de ingresos

El convenio también ha potenciado la infraestructura productiva de las familias mediante la entrega de equipos esenciales para corte, fumigación y agroindustria rural, así como motocargueros con sistema de frío, equipos para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y herramientas para gestión comercial y marketing digital.

Asimismo, se ha impulsado la diversificación de ingresos a través del turismo rural con enfoque regenerativo. En este marco, se han fortalecido 21 atractivos turísticos y se ha capacitado más de 630 actores del sector, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, gobiernos locales y el Clúster Gastroturístico del Meta.

Además, se han realizado 32 capacitaciones en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), innovación y desarrollo de producto gastronómico, fortaleciendo las capacidades del sector agroalimentario en el territorio. En articulación con el Instituto de Cultura del Meta, también se llevaron a cabo seis eventos de promoción de las cocinas tradicionales, exaltando los saberes y sabores locales.

Paralelamente, avanza la conformación de la Red de Restaurantes y Cocineros Aliados de RedMeta, una iniciativa que reconoce, mediante placas distintivas, el compromiso de estos actores con la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

En esta misma línea de fortalecimiento productivo, se adelanta la construcción de las primeras cinco agroindustrias rurales en las líneas de café, frutales, huevos y lácteos, así como el desarrollo y posicionamiento de 14 marcas de productos agroindustriales provenientes de las organizaciones campesinas del Meta.

Fuente: Oficina de Comunicaciones FAO Colombia

En un fallo sin precedentes, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio reconoció el derecho fundamental a la restitución de tierras de una pareja de esposos y sus hijos, víctimas de desplazamiento forzado en La Macarena (Meta), y ordenó su compensación, tras establecer que su predio fue ocupado ilegalmente por el Ejército Nacional.

La familia había adquirido en 1975 el terreno conocido como ‘Estadero Nápoles’, de 5.687 metros cuadrados, ubicado en la vereda Los Cristales, donde construyeron un hotel con discoteca y zona de recreación. Sin embargo, en 2002 fueron obligados a huir por amenazas de las Farc, y un año después, el inmueble fue incinerado y ocupado por tropas del Ejército, que instalaron allí una base militar de forma indefinida.

“Es un despojo imputable al Estado”

El juez Alejandro Barreto señaló que dicha ocupación constituye un acto de despojo imputable al Estado, al violar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, al no existir legalidad ni compensación por el uso de un bien civil. Pese a las solicitudes de la familia, la institución castrense nunca reconoció su responsabilidad ni ofreció reparación.

Debido a la imposibilidad material de restituir el predio —estratégicamente ubicado junto al aeropuerto de La Macarena—, la sentencia ordenó una compensación a través de un nuevo terreno, el cual será entregado en la ciudad que elija la familia. También se garantizará su inclusión en la oferta institucional del Estado, como parte de su reparación integral.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Meta, destacó que este fallo representa un hito en el reconocimiento del papel del Estado en algunos despojos, y reafirma el compromiso institucional con la defensa de los derechos de las víctimas, incluso en contextos complejos.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare