CASANARE
Esta es la propuesta del Gobernador de Casanare para solucionar crisis del sector arrocero en Colombia
Durante el debate de control político sobre la situación del arroz en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, insistió en su propuesta sobre la creación del “Fondo de Estabilización de Precios del Arroz” como solución a la crisis que afecta a los productores del sector.
En su intervención, el mandatario habló en representación de los 16.500 arroceros del país, destacando que Casanare es el departamento de mayor producción de arroz en Colombia. En este sentido, instó al Gobierno nacional a expedir un decreto presidencial que garantice que el precio pagado a los agricultores siempre esté por encima de los costos de producción. Ortiz Zorro señaló que esta propuesta se fundamenta en un proyecto de ley que presentó en su período como Representante a la Cámara y que hoy cuenta con el respaldo de los agricultores, los gobernadores de las regiones productoras y la Federación Nacional de Departamentos.
Asimismo, el gobernador lideró la solicitud de 22 gobernadores quienes, a través de una misiva enviada al presidente de la República, Gustavo Petro, expresaron su preocupación por la crisis arrocera. Los mandatarios departamentales alertaron sobre el impacto económico y social que la caída del precio del arroz genera en sus territorios, ya que esta situación amenaza la estabilidad de la cadena productiva, el empleo rural y el desarrollo del sector agroindustrial.
De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el arroz aporta el 2,92% al PIB agropecuario y el 2,4% en su transformación agroindustrial. Sin embargo, la reducción del precio por tonelada en casi un 20% respecto a 2024 y en un 30% en comparación con 2023, ha puesto en riesgo la rentabilidad del sector, afectando a 25.000 unidades productivas rurales y generando incertidumbre para más de 441.700 empleos directos.
Los gobernadores también advirtieron sobre el riesgo de que la crisis económica derive en un aumento de la violencia y de las economías ilícitas, debido a la cooptación de los territorios por parte de grupos armados al margen de la ley.
Ante este panorama, los mandatarios departamentales presentaron nueve propuestas concretas para solucionar la crisis arrocera:
- 1. Reactivar el incentivo al almacenamiento para garantizar estabilidad a los productores de cara a la cosecha 2025.
- 2. Crear el “Fondo de Estabilización de Precios para el Arroz Paddy” mediante decreto presidencial, asegurando un valor mínimo de $220.000 por carga.
- 3. Aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para fortalecer los fondos de fomento agropecuario y de estabilización de precios.
- 4. Crear líneas de crédito flexibles y con plazos convenientes para los productores, modificando la clasificación crediticia de los agricultores para facilitar el acceso a incentivos.
- 5. Incluir financiación para la mejora de la infraestructura de almacenamiento y secamiento del arroz.
- 6. Controlar las importaciones e imponer aranceles temporales o salvaguardas para proteger la producción nacional.
- 7. Revisar los Tratados de Libre Comercio vigentes, en especial el acuerdo con la Comunidad Andina (CAN), para evitar impactos negativos en el sector.
- 8. Intervenir el oligopolio de la industria molinera para evitar la especulación en los precios del arroz.
- 9. Priorizar la mejora y mantenimiento de las vías estratégicas para el transporte agropecuario.
El gobernador Ortiz Zorro enfatizó la necesidad de encontrar soluciones tanto coyunturales como estructurales para el sector arrocero, destacando que “si bien los problemas del sector son estructurales, se requiere una respuesta urgente para evitar la quiebra de miles de productores y la pérdida de cientos de miles de empleos”.
Finalmente, advirtió que, de no adoptarse medidas inmediatas, la crisis del arroz podría derivar en graves consecuencias sociales y económicas. “El sector arrocero genera más de 40.000 empleos en Casanare y es una de las principales economías del departamento. Si nos quebramos, se abre la puerta a los cultivos ilícitos y a la violencia”, concluyó el mandatario.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Botía Gutiérrez, alias “Popi”, y a William Stiven Botía Gutiérrez, hermanos señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Yopal. Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Flor Amarillo de Yopal.
En medio del operativo, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cerca de 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Alexis Botía Gutiérrez, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades ilegales que presuntamente desarrollaban los hermanos Botía.
La Alcaldía de Yopal adjudicó oficialmente el contrato para la demolición mecánica de las Torres del Silencio, proyecto de vivienda que durante cerca de 14 años mantuvo en vilo a sus ocupantes, por las protuberantes fallas estructurales que hacían temer que en cualquier momento iban a colapsar, por lo que las autoridades, después de un estudio de patología y muchas cosas más, determinaron que lo mejor era evacuarlas y demolerlas, para dar paso a un nuevo proyecto.
De acuerdo con el proceso publicado en SECOP II, la Licitación Pública fue otorgada a la empresa Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S., domiciliada en Fonseca, Guajira. Se presentaron cinco oferentes a nivel nacional, y tras cumplir cada una de las etapas únicamente Ingoser S.A.S. logró quedar habilitada en todos los requisitos exigidos.
El contrato fue adjudicado por un valor de $1.593.743.720, con un plazo de 45 días de ejecución y contempla la demolición de la infraestructura de las torres, una vez se complete la etapa de legalización y firma electrónica del contrato.
Luego de esta adjudicación, cuya audiencia final duró cerca de 8 horas con suspensiones y demás, la Alcaldía de Yopal debe dar inicio en próximos días, a la demolición de las Torres del Silencio, para que la Gobernación entre a construir el nuevo proyecto.
Un robusto dique construido en la vereda San Pascual en Yopal, ha devuelto la tranquilidad a más de 500 familias de El Amparo, San Pascual y El Barbillal, protegiéndolas de las fuertes crecientes del río Cravo Sur. La obra, entregada hace un año, ha permitido que comunidades campesinas vuelvan a sembrar y transitar con normalidad en zonas que antes eran arrasadas por el afluente.
Con la llegada de la actual temporada de lluvias, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, realizó un monitoreo exhaustivo al comportamiento de la estructura. Los resultados confirmaron su efectividad, garantizando la protección de cultivos, viviendas y la vía de acceso, puntos críticos que históricamente sufrían las embestidas del río.
La obra, culminada en mayo de 2025, se ejecutó mediante la instalación de bolsas tipo big bag y mantos de control de erosión en un punto donde el afluente solía desbordarse. Durante años, las familias campesinas presenciaron cómo el río destruía sus sembrados, aislaba sus viviendas y convertía amplias zonas productivas en terrenos inservibles; un panorama que hoy ha cambiado radicalmente.
Este proyecto se erige como un modelo de articulación interinstitucional, involucrando al gobierno de César Ortiz Zorro, la Alcaldía de Yopal, diputados, el sector privado y la propia comunidad. El éxito y el impacto positivo de la intervención han llevado a que esta obra sea tomada como piloto para la construcción de cinco jarillones adicionales, que actualmente se están finalizando en los municipios de Paz de Ariporo, Nunchía, Trinidad, Aguazul y Villanueva.
