CASANARE
Hasta el 21 de marzo hay plazo para adquirir o renovar créditos con el IFC- FESCA en Casanare
El Instituto Financiero de Casanare (IFC) entregó un parte de tranquilidad a los estudiantes que son beneficiarios de crédito con el Fondo de Educación Superior de Casanare FESCA y a quienes se encuentran realizando el trámite para adquirir nuevos créditos, con el fin de financiar sus programas de pregrado y postgrado.
“Nosotros tenemos garantizados los recursos que se le aprobaron a los estudiantes que se encuentran a lo largo y ancho de Casanare, en otras partes del país y quienes están con financiación en el exterior, para que cada vez que soliciten la renovación, se hagan los desembolsos respectivos”, dijo Nancy Arriguí, administradora de Crédito del IFC.
Reiteró la funcionaria que, la única razón para que no se giren los recursos de la renovación del crédito, es porque el promedio de notas del estudiante es inferior a 3.2, porque pierden el semestre o se desnivelan, porque no hacen la solicitud en las fechas establecidas, o porque se retiran de la universidad.
Uno de los mayores beneficios del crédito educativo es que, en época de estudios no se cobran intereses, y el crédito se inicia a pagar una vez el estudiante culmine sus estudios, más un año de periodo de gracia, con una tasa de interés del 0,8 % mensual.
Hasta el 21 de marzo de 2025, está abierta la convocatoria para la renovación del crédito educativo, con el fin que los estudiantes que ya tienen sus créditos aprobados de vigencias anteriores, alleguen la solicitud y documentación exigidos para que el IFC gire el valor del semestre 2025-1.
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al celular: 3208899573, ext. 508 – 504, al WhatsApp: 3124112065, o acercarse a la carrera 13C No. 9-91, en Yopal.
En 2024 se aprobaron 239 créditos FESCA por valor de $10.468 millones de pesos, una cifra récord en la historia del Fondo de Educación Superior de Casanare, desde su creación en el año 2008.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.



