Un nuevo Consejo de Seguridad Ampliado se realizó en la Gobernación de Arauca con la participación del alcalde de Puerto Rondón, Henry Gallardo, y con la presencia de los secretarios de Gobierno de Arauquita, Fortul y Tame, delegados por los alcaldes.

El objetivo fue analizar la situación de orden público en el departamento y obtener un diagnóstico detallado de cada municipio.

Durante la sesión, se hizo entrega de la Circular Externa 045 de 2025, la cual sugiere medidas de seguridad adaptadas a la realidad de cada territorio, con el propósito de fortalecer el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y proteger el tejido social.

Además, se acordó realizar la Mesa Departamental de Seguridad el próximo 26 de febrero, con la participación de los alcaldes, la Procuraduría, Defensoría del Pueblo de Colombia y la Fiscalía General de la Nación.

También se extendió una invitación a la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC – para abordar el problema del hacinamiento carcelario y la responsabilidad de los entes territoriales en la alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) que permanecen en los Centros de Detención Transitoria.

Fuente: Gobernación de Arauca

El exsecretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Arauca, Edgar Fernando Guzmán Robles, tendrá que responder ante la Procuraduría que le formuló pliego de cargos, presuntamente, por irregularidades en la compra y distribución de combustible para surtir vehículos oficiales en distintos municipios del departamento.

En las visitas realizadas a la sede de la Gobernación de Arauca y en la evaluación a los documentos de informes contables recopilados no se evidenciaron copias que justificaran la ejecución del contrato de la compra de gasolina por valor de $194.241.893 hallando un déficit de alrededor de 155 millones de pesos, equivalentes a 17.292 galones de combustible faltante.

La complicada situación ahonda en que no se tiene evidencia del recibo de combustible en los territorios de municipios como Saravena, Tame, Arauquita y Cravo Norte, además de otras entidades, correspondiente a la ejecución de la orden de compra número 86922 de 2022.

En el lío de cuentas, que tiene al exfuncionario con cargos ante la Procuraduría, también se encuentran las poblaciones de Fortul y Puerto Rondón que certificaron que recibieron menor cantidad del combustible que estaba relacionado en el informe de compra.

Según la orden de compra, el contratista debía suministrar, inicialmente, 3.000 galones de gasolina corriente y 12.616 galones de ACPM, para facilitar el transporte en diversas comunidades, instituciones, municipios y veredas sin que esto, en la práctica, se hubiera ejecutado a cabalidad.

Para el ente de control, el exfuncionario omitió sus deberes de supervisión vulnerando los principios de moralidad, economía, eficacia y eficiencia que rigen la administración pública.

Así las cosas y al no encontrarse soportes que garanticen la sana utilización de los recursos públicos, la Procuraduría Regional de Arauca determinó formular pliego de cargos en contra de Guzmán Robles, quien ejerció funciones entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022.

La falta disciplinaria del cargo único formulado al exfuncionario fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

Tras acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Estiven Oswaldo Valcarcel Cabezas, por su presunta responsabilidad en la extorsión a un comerciante en Arauca.

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Arauca le imputó el delito de tentativa de extorsión agravado, cargo que no fue aceptado.

El hombre fue capturado en flagrancia el pasado 22 de enero en zona urbana de Arauca (Arauca), cuando pretendía cobrar 2 millones de pesos, producto de una extorsión al comerciante.

Dentro del proceso investigativo, la Fiscalía evidenció que el procesado en diciembre y enero reciente, a través de visitas al negocio de propiedad de la víctima, se habría hecho pasar como integrante de un grupo armado ilegal para exigirle dinero para no atentar contra su vida, ni la de su familia.

Fuente: Fiscalía General de la Nación