META
Ejército anuncia despliegue de tropas para evitar expansión de grupos armados en el Meta
En un encuentro estratégico liderado por el Brigadier General Freddy Gómez Gamba, Comandante de la Cuarta División, junto con el Coronel Gerson Rincón Morantes, comandante de la Séptima Brigada y Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, se plasmaron acciones claves para un 2025 de contundencia operacional en este departamento.
Durante la jornada, se discutió y analizó la estrategia que será implementada a lo largo del 2025 para contrarrestar las amenazas a la seguridad y fortalecer la presencia institucional en las zonas rurales y urbanas del Meta. En la mesa de trabajo se abordaron temas clave como la lucha contra los grupos armados organizados, el combate a economías ilícitas, la protección de los recursos naturales y el fortalecimiento de la relación con las comunidades.
Estrategia para fortalecer la seguridad en el Meta
Entre los principales ejes estratégicos acordados durante la reunión, se encuentran, el aumento inmediato de operaciones militares, despliegue de tropas en áreas estratégicas para contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados y desarticulación de estructuras delincuenciales que pretenden amenazar la seguridad del departamento.
El Ejército recalcó que continúa la lucha contra economías ilícitas, por lo que se reforzarán las acciones contra el narcotráfico, la extorsión y la explotación ilícita de recursos naturales, con el fin de debilitar las fuentes de financiación de los grupos ilegales y preservar el medio ambiente.
Se intensificarán los puestos de control en corredores estratégicos del departamento, con el objetivo de garantizar la movilidad segura de los ciudadanos y el comercio.
En cuando a la protección de la población civil, se fortalecerán las estrategias de inteligencia y prevención para evitar el reclutamiento forzado de menores, las amenazas a líderes sociales y las acciones violentas contra la comunidad, para esto realizan trabajo interinstitucional y acercamiento con la comunidad, se impulsarán iniciativas conjuntas con las autoridades locales, organizaciones sociales y la empresa privada para generar espacios de participación y cooperación que permitan mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de los habitantes.
Finalmente, los comandantes territoriales coincidieron en que el trabajo en equipo con la población es clave para el éxito de las estrategias de seguridad. Por ello, hicieron un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier acto que atente contra la tranquilidad de la región en las líneas telefónicas 147 de Gaula Militar y línea 107 contra el terrorismo.
Fuente: Cuarta División
META
A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
META
A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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