REGIÓN
Arrancó plan para formalización de tierras y entrega de títulos en 39 municipios de Boyacá
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), lanzó el ‘Plan 10.000 Zona Andina’, el cual garantizará que por lo menos 10.000 familias campesinas de Boyacá y Cundinamarca sean propietarias de sus tierras en el 2025, un paso más en la política de Reforma Agraria impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Adicionalmente, el Plan contempla que los departamentos de Boyacá y Cundinamarca avancen en el proceso de formalización de predios en 57 municipios, con la entrega de 16.208 títulos de propiedad rural, 10.907 de propiedad privada y 5.301 baldíos.
Para el departamento de Boyacá, el Plan beneficiará a 39 municipios que se encuentran caracterizados con la entrega de 11.147 títulos, 8.290 privados y 2.857 baldíos, dignificando la labor del campesinado boyacense
Memorando de entendimiento
Con el ánimo de ponerle el acelerador a la formalización de la propiedad rural y garantizarle seguridad jurídica al campesinado boyacense, la ANT y la Gobernación de Boyacá firmaron un Memorando de Entendimiento de apoyo técnico.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, destacó que con este Memorando se busca que su departamento sea un referente en el país sobre titulación de precios.
“Lo que queremos es que Boyacá se convierta en un referente de titulación de tierras a nivel nacional. Con esta firma del convenio con la ANT, además de destinar recursos importantes para el proyecto vamos a poner también capacidad instalada, funcionarios, contratistas de muchas sectoriales para avanzar de forma ágil y segura los procesos de formalización de tierras en el departamento’, recalcó Amaya.
El apoyo técnico en el marco del Plan 10.000 Zona Andina también busca agilizar y reforzar los procesos de titulación y saneamiento de la falsa tradición de tierra en escuelas, escenarios y bienes públicos.
Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), la informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia es mayor al 50 %, no obstante, los esfuerzos del Gobierno nacional, que en dos años y medio ha escriturado más de 1,2 millones de hectáreas a familias rurales en situación de informalidad.
Cifras de la UPRA advierten que, de los 1.104 municipios de Colombia, 175 registran entre un 75 % y 100 % de informalidad; 497 están entre el 50 % y el 75 %; 351 entre el 25 % y el 50 %, y 79 entre el 0 % y el 25%, siendo Boyacá uno de los departamentos con mayor incidencia en los índices de informalidad en la tenencia de tierras del país.
Fuente: Agencia Nacional de Tierras
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
