REGIÓN
Indígenas del resguardo Barranco Colorado en Guaviare reclaman más de 9 mil hectáreas
Con el fin de restituir los derechos territoriales de la comunidad perteneciente al Resguardo Indígena Barranco Colorado, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante la justicia especializada.
Actualmente, el territorio está conformado por 22 familias que se ubican principalmente en el municipio de San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare. Con la acción judicial, se pretende reclamar 9.468 hectáreas y 9.265 metros cuadrados a favor del pueblo ancestral Jiw, afectado por confinamiento, reclutamiento, desplazamiento y abandono forzoso.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta y Guaviare, indicó que el acompañamiento de la entidad tiene como objetivo lograr la reparación integral de esta comunidad indígena, que ha sido víctima del conflicto armado por cuenta de la presencia de los grupos armados al margen de la ley. Estos han sembrado minas antipersonal y han vulnerado sus derechos a la vida, a la integridad física, al uso y disfrute del territorio; a la libre circulación, a la seguridad alimentaria, y a los recursos naturales.
La demanda, radicada por el equipo de Asuntos Étnicos de la Dirección Territorial Meta, también pretende que los integrantes del pueblo Jiw restablezcan su autonomía y gobierno propio, tal como sus derechos a la propiedad colectiva.
Algunas de las pretensiones de la demanda son: garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales, para lo cual se solicitó la entrega material del resguardo, bajo garantías de seguridad. Así mismo, la Unidad solicitó, en concertación con la comunidad indígena, el saneamiento del territorio, el diseño e instalación de vallas alusivas a los límites del resguardo; la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva, tal como la protección a los derechos de la salud, etnoeducación, y medio ambiente, mediante órdenes dirigidas a las entidades competentes.
Finalmente, la Unidad solicitó al juez, ordenar a la Fiscalía General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones de los hechos victimizantes, tomando como referente lo expuesto por la comunidad en la demanda.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
