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Radican demanda para restituir tierras al Resguardo Indígena Puerto Viejo y Puerto Esperanza en Guaviare

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_DEMANDA RESGUARDO PUERTO ESPERANZA

Con el propósito de restituir los derechos territoriales del Resguardo Indígena Puerto Viejo y Puerto Esperanza, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante la justicia especializada en Villavicencio.

Actualmente, el territorio colectivo está conformado por 39 familias que se ubican en el municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare. Con la acción judicial, se pretende reclamar 9.956 hectáreas y 542 metros cuadrados
a favor de los pueblos Cubeo, Desano, Siriano, Guanano, Tuyuca, Tukano y Sikuani; afectados por confinamiento, desplazamiento, abandono forzoso y despojo.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta y Guaviare, indicó que “el acompañamiento de la URT tiene como objetivo lograr la reparación integral de esta comunidad indígena, que ha sido víctima del conflicto y la violencia por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales”.

Entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales y el saneamiento del Resguardo Indígena Puerto Viejo y Puerto Esperanza. Lo anterior, teniendo en
cuenta las dos ocupaciones identificadas en el territorio ancestral, mediante la jornada de caracterización de afectaciones territoriales realizada por el equipo étnico de la URT.

Finalmente, la Unidad solicitó a la justicia que, en concertación con los pueblos originarios que integran la comunidad, se avance en el diseño y posterior instalación (en puntos estratégicos) de vallas alusivas a la existencia y límites definitivos del Resguardo Indígena Puerto Viejo y Puerto Esperanza.

El objetivo es informar de manera clara las sanciones frente a la invasión y ocupación indebida por parte de personas no pertenecientes a este resguardo. Además, se deberá realizar, con la comunidad colindante, jornadas en las que se socialicen los límites del territorio, tomando como referente lo expuesto por la comunidad en el escrito de demanda de restitución de tierras.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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Alarma en Sogamoso, disidencias de las Farc están citando a contratistas del municipio

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Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.

En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.

“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.

Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.

El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.

En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.

Tomado de: Boyacá 7 días

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Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).

Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.

Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.

A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.

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Confirman condena a 27 años de cárcel para hombre que asesinó a niña de 11 años en Sogamoso

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Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa  Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.

La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.

Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.

En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.

Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.

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