META
Justicia ordenó restituir tierras a familia víctima del desplazamiento forzado en Lejanías
Con sus corazones llenos de alegría y gratitud, Martha Cecilia, sus hermanos, sobrinos, nietos y demás integrantes de la familia Arce Caballero, recibieron las 114 hectáreas que les devolvió la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
En un conmovedor acto que se cumplió en la vereda Lucitania del municipio de Lejanías, en el Meta, con la presencia de profesionales y colaboradores de la URT, tal como la jueza municipal Carolina Guevara, el personero Héctor Cubides y la Fuerza Pública, se cumplió la orden Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio: la entrega de los predios ‘El Vergel’, de 44 hectáreas y 9.853 metros cuadrados; ‘El Vergel 2’, de 43 hectáreas y 7.766 metros cuadrados; así como ‘El Mirador’, de 25 hectáreas y 2.309 metros cuadrados, a sus legítimos dueños, que debieron abandonarlos por presión de las extintas Farc-Ep.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, recalcó: “nos llena de satisfacción oficializar la restitución de sus tierras a los 28 herederos que integran esta familia víctima de abandono forzado. Como contribución a su reparación integral, les otorgamos un subsidio por 40 salarios mínimos para la implementación del proyecto productivo de ganadería bovina de ceba y levante”.
Por su parte, la beneficiaria Martha Cecilia Arce agradeció el acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras para hacer realidad el sueño de volver: “estamos felices de recibir nuestros predios. Es el mejor regalo de navidad, después de tanto sufrimiento. Ahora podemos seguir cultivando en compañía de nuestros hermanos, hijos, sobrinos y nietos”.
La historia de los Arce se remonta al año 1973, cuando adquirieron estos predios, que eran explotados con la siembra de fríjol, plátano y café. Además, en ellos tenían cría de reses, caballos, cerdos y gallinas. Su tranquilidad se vio afectada en 1991, por la presencia de guerrilleros de las Farc-Ep, que comenzaron a pedir contribuciones y amenazaron con reclutar a sus hijos.
En 2004, 12 hombres armados irrumpieron en la vivienda de los Arce y manifestaron que si no les entregaban a sus hijos debían irse de inmediato. Luego, los guerrilleros procedieron a prenderle fuego a la casa. Ante estos hechos, la familia huyó hacia Villavicencio.
Con el paso del tiempo y tras el fallecimiento de sus padres, los herederos acudieron a la URT, que asumió la representación judicial de los Arce y, como resultado de esa acción legal, hoy se concreta la restitución de sus predios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – Dirección Territorial Meta
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
