NACIONALES
Icetex pasaría de ser entidad financiera de carácter especial a banco de primer nivel: Mineducación
En una rueda de prensa conjunta, el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas, y la presidenta encargada del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – Icetex, Patricia Abadía, dieron un parte de tranquilidad sobre la situación financiera de la entidad y aseguraron que se trabajará técnicamente en una propuesta de transformación, para que el Icetex pase de ser una entidad financiera de carácter especial, como lo es hoy, hacia un banco de primer nivel.
“El Icetex, ya es una entidad financiera vinculada al Ministerio de Hacienda, es vigilada por la Superintendencia Financiera y funciona como un banco captando y poniendo recursos. Lo ideal es que además de sus inversiones, dentro de sus estrategias pueda diversificar la captación con ahorros del público, inversiones de la empresa privada, gestión de nómina, u otros servicios bancarios, que permitan poner créditos para que los que así lo decidan puedan costear sus estudios por esta vía o financiar como graduados la creación de nuevas empresas o emprendimientos’.
Sobre el presupuesto de 2025, señaló que se han solicitado $6,5 billones para educación superior, de los cuales $4,6 billones ya han sido aprobados. Sin embargo, subrayó la importancia de la Ley de Financiamiento para garantizar recursos adicionales que permitan cumplir los compromisos con la educación en Colombia.
“Queremos que cada vez los estudiantes dependan menos de una situación de endeudamiento y estén ligados más a una situación de garantía del derecho a acceder a la educación superior. Estamos transformando el Icetex para que sea más amigable con los estudiantes, reduciendo tasas de interés y ampliando opciones como condonaciones. El acceso a la educación debe ser un derecho, no una carga financiera’.
Por otro lado, el ministro desmintió declaraciones recientes sobre una supuesta crisis o ‘marchitamiento’, reafirmando el compromiso del Gobierno del Cambio con la estabilidad de la entidad y el acceso a la educación superior y aseguró que su cartera ha solicitado en su totalidad y de manera oportuna los giros correspondientes al Icetex para 2024.
‘Es mentira que no hemos gestionado estos recursos. Los documentos que respaldan estas solicitudes están disponibles para consulta. El retraso obedece al racionamiento del Plan Anualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda, no a una omisión de esta cartera’.
Rojas reiteró que se han hecho las gestiones y la priorización tanto para el Icetex como para los recursos de gratuidad y fomento de las universidades públicas, que son claves para la garantía del derecho a la educación.
También calificó como irresponsables los rumores sobre un supuesto ‘marchitamiento’ del Icetex. ‘La entidad no está en quiebra ni en proceso de liquidación. Sus estados financieros, que son públicos, reflejan estabilidad, y gracias a recursos propios se han garantizado las renovaciones de líneas no subsidiadas’, dijo Rojas.
Con respecto a las universidades privadas, el ministro desmintió la afirmación de que se adeudan $400.000 millones. Explicó que, aunque hay retrasos debido a la reprogramación del PAC, los recursos ya están gestionados. “Estamos trabajando con Hacienda para subsanar la situación. Ninguna universidad quedará desfinanciada’.
Por su parte, la presidenta encargada del Icetex, Patricia Abadía, destacó que la entidad ha asegurado la continuidad de los créditos educativos gracias a la gestión interna con recursos propios, dado que solo el 25% de su presupuesto depende de recursos públicos. “Queremos dar un parte de tranquilidad para los estudiantes que están en proceso de renovación de créditos no subsidiados que pueden ser alrededor de 140 mil jóvenes, a ellos les decimos que contamos con los recursos para su renovación’.
?Finalmente, el ministro hizo un llamado al Congreso para que priorice la aprobación de la Ley de Financiamiento, señalando que esta es clave para consolidar los recursos futuros necesarios para la educación superior. “Sería bueno que como sociedad nos uniéramos en ese sentido’, concluyó el ministro Daniel Rojas.
Fuente: Ministerio de Educación
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Consejo de Estado: Por exclusividad de la Fuerza Pública, Policía Nacional debe vigilar la seguridad en los estadios
Previo levantamiento de la reserva legal por parte del Ministerio del Interior, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dio a conocer un concepto en el que indicó que los artículos 52 y 62 de la Ley 1801 de 2016 (Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana) no se encuentran vigentes. Ello en virtud de la Sentencia C-223 de 2017 que declaró su inexequibilidad con efectos diferidos a partir del 20 de junio de 2019.
La Sala señaló que mediante el Decreto 1007 de 2012 (compilado en el Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015) se creó en Colombia el Estatuto de Aficionado al Fútbol que dispuso la creación de un Plan Decenal para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y permitió la articulación del respectivo alcalde, el presidente del club o clubes profesionales de la localidad con la Policía Nacional en el conocimiento e implementación de los protocolos de seguridad en los estadios.
Asimismo, sostuvo que según la Sentencia C-128 de 2018, en materia de seguridad en actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, como es el caso de los partidos del fútbol profesional, las competencias de la Policía Nacional y de las empresas de seguridad privada y/o de logística, fueron definidas de la siguiente manera:
• De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, la Policía Nacional, en atención al principio de exclusividad de la fuerza pública, tiene como fin principal la prevención de aquellas conductas que constituyen amenazas de afectación del orden público o impiden la convivencia entre las personas, en los términos de los artículos 2 y 218 de la Constitución Política.
• Las empresas de vigilancia y seguridad privada pueden actuar en el ámbito en que ofrezcan sus servicios, bajo los límites establecidos por el legislador, con el fin de «disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección», de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 del Decreto Ley 356 de 1994, sin que ello involucre en modo alguno el ejercicio de actividades de conservación del orden público, la seguridad ciudadana ni la convivencia pacífica.
Por último, la Sala agregó que el artículo 9° de la Ley 1270 de 2009, mediante la cual se creó la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, asignó a la Policía Nacional la función de prevenir la aparición de hechos de violencia en los estadios de fútbol y en sus alrededores, en el marco del mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
Tras años de tensiones entre la Dimayor y el Gobierno, el alto tribunal dejó claro que las empresas privadas no pueden sustituir a la fuerza pública en el control del orden en eventos masivos como partidos o conciertos.
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Estos son los acuerdos logrados sobre catastro multipropósito que permitieron levantar el paro nacional
Tras intensas jornadas de diálogo en Bogotá, el Gobierno Nacional y organizaciones sociales y territoriales alcanzaron un acuerdo en la Mesa Nacional de Concertación sobre el catastro multipropósito, lo que permitió el levantamiento del paro nacional que venía afectando la movilidad con bloqueos en distintas regiones del país.
Uno de los puntos centrales del acuerdo establece ajustes a la normativa catastral vigente. A través de la modificación de la Resolución 2057 de 2025, se autorizó a las direcciones territoriales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a revisar y ajustar, mediante actos administrativos, los porcentajes de incremento en los avalúos, garantizando criterios técnicos, coherencia en la información y aplicación uniforme en las zonas intervenidas.
Además, se definió la implementación de un procedimiento especial para corregir rezagos en la actualización de valores catastrales en zonas rurales, el cual incluirá análisis técnicos en comités sectoriales con participación de entidades nacionales, autoridades locales y representantes comunitarios. Estas revisiones quedarán consignadas en actas y servirán como base para eventuales modificaciones en los avalúos.
Como parte de los compromisos, el Gobierno anunció la realización de mesas regionales entre el 15 de abril y el 30 de mayo de 2026, en las que se recogerán inquietudes ciudadanas, se identificarán inconsistencias y se revisarán casos críticos relacionados con la aplicación del catastro multipropósito.
De igual forma, se acordó la creación de una Mesa Técnica Nacional, liderada por la Alta Consejería para las Regiones y con el Departamento Nacional de Planeación como Secretaría Técnica. Este espacio contará con delegados de organizaciones sociales y entidades del orden nacional, y tendrá como objetivo analizar el pliego de peticiones y formular recomendaciones para mejorar la implementación de la política catastral en el país.
El acuerdo también deja claro que no habrá suspensión general de los procesos de actualización catastral, los cuales continuarán conforme al marco legal vigente. Sin embargo, se buscarán ajustes que permitan una aplicación más equitativa, sin afectar la seguridad jurídica ni los derechos adquiridos.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo acompañará el seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados. Con estos avances, las partes dieron por superada la jornada de protesta, restableciendo la normalidad en las vías del país y abriendo un nuevo espacio de concertación para atender las preocupaciones ciudadanas frente al catastro multipropósito.
Uber anunció que la app estará disponible en los 32 departamentos de Colombia y amplía su cobertura de 22 a 1100 ciudades y municipios por todo el territorio nacional. Las opciones disponibles para quienes quieran moverse al toque de un botón o generar ganancias adicionales a través de la app en todas las regiones de Colombia serán Uber Taxi, Uber Economy y Uber Moto.
La expansión nacional de la app llega con el estándar de seguridad de Uber, que cuenta con más de 40 herramientas y funciones de seguridad a disposición de los usuarios, conductores de taxi y arrendadores de vehículos particulares.
“Uber ya no es una solución urbana, sino una plataforma nacional. Estar disponibles en más de 1.100 municipios implica contribuir al crecimiento de las economías locales, generar nuevas oportunidades de ganancia para los colombianos y ampliar el acceso a la tecnología y a las opciones de movilidad en cada región. Llevaremos el estándar de Uber que hoy existe en las grandes capitales a cada rincón del territorio nacional”, señaló Ángela Mendoza, Gerente General de Uber para la región Andina.
El anuncio de la expansión de Uber se hizo durante la presentación de un estudio de la firma Ipsos sobre los hábitos de movilidad y la percepción de las aplicaciones en distintas regiones del país. Entre los principales hallazgos:
En ciudades donde la presencia de Uber está consolidada
Para los colombianos, las apps forman parte del día a día y Uber contribuye a mejorar la calidad de vida en las ciudades.
71% usa las apps en su día a día.
78% considera las apps como la opción de movilidad más segura (sólo superada por el vehículo propio).
88% cree que las apps son una alternativa de movilidad confiable.
8 de cada 10 indicaron que las apps mejoraron su experiencia de movilidad en su ciudad.
En ciudades donde Uber estará disponible a partir de 2026
La movilidad sigue siendo un reto y las apps son una oportunidad de mejora.
52% de los encuestados considera que hoy es difícil moverse por sus ciudades.
88% cree que la llegada de Uber resolvería vacíos en seguridad, tiempos y calidad del servicio.
6 de cada 10 no están satisfechos con la oferta de transporte público actual.
9 de cada 10 creen que la llegada de la app de Uber mejoraría su calidad de vida.
2 de cada 3 pagarían más por la movilidad para tener mayor seguridad.
