META
Justicia ordena compensar a mujer y sus hijos desplazados por la masacre de Puerto Alvira
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó compensar a una mujer cabeza de hogar y a sus tres hijos, con un nuevo predio a cambio del que debieron abandonar tras la masacre perpetrada por paramilitares en la inspección de Puerto Alvira en Mapiripán, Meta.
La historia de esta familia se remonta al año 1992, cuando la mujer adquirió el predio de 207 metros cuadrados, en el cual, además de residir con sus hijos, instaló el restaurante Piamonte como emprendimiento para el sustento familiar.
El fatídico 4 de mayo de 1998, la vida cambió drásticamente para esta familia: era un día lluvioso cuando la tranquilidad del caserío se vio interrumpida por la llegada de hombres armados, vestidos de camuflado y con pasamontañas, que se identificaron como paramilitares. Posteriormente, obligaron a la mujer y tres sus hijos menores a salir de su vivienda para luego llevarlos a orillas del río, donde una lista macabra dictó el destino trágico de varios habitantes del Puerto Alvira.
Mientras tanto, otro grupo saqueaba las viviendas y las incendiaba, dejando una estela de destrucción y terror en el lugar. Tras la matanza, los paramilitares dieron 24 horas a los pobladores para abandonar la vereda. La madre logró que sus hijos fueran evacuados en un avión del Ejército hacia Villavicencio y luego ella los alcanzó dos dias después.
Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, que busca restituir los derechos a las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras, esta familia acudió a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para que llevara su caso ante la justicia.
Hoy, la mujer reside en Villavicencio y sus hijos están en el exterior, por lo que perdieron el arraigo. El juez declaró a esta familia víctima de abandono forzado de predios y ordenó la compensación como medida reparadora.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que “la historia de esta madre cabeza de hogar es un testimonio de resiliencia y esperanza en medio de las sombras del pasado. Esta familia beneficiaria con la sentencia de restitución de tierras, tendrá derecho a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral”.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
