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Justicia ordena compensar a mujer y sus hijos desplazados por la masacre de Puerto Alvira
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó compensar a una mujer cabeza de hogar y a sus tres hijos, con un nuevo predio a cambio del que debieron abandonar tras la masacre perpetrada por paramilitares en la inspección de Puerto Alvira en Mapiripán, Meta.
La historia de esta familia se remonta al año 1992, cuando la mujer adquirió el predio de 207 metros cuadrados, en el cual, además de residir con sus hijos, instaló el restaurante Piamonte como emprendimiento para el sustento familiar.
El fatídico 4 de mayo de 1998, la vida cambió drásticamente para esta familia: era un día lluvioso cuando la tranquilidad del caserío se vio interrumpida por la llegada de hombres armados, vestidos de camuflado y con pasamontañas, que se identificaron como paramilitares. Posteriormente, obligaron a la mujer y tres sus hijos menores a salir de su vivienda para luego llevarlos a orillas del río, donde una lista macabra dictó el destino trágico de varios habitantes del Puerto Alvira.
Mientras tanto, otro grupo saqueaba las viviendas y las incendiaba, dejando una estela de destrucción y terror en el lugar. Tras la matanza, los paramilitares dieron 24 horas a los pobladores para abandonar la vereda. La madre logró que sus hijos fueran evacuados en un avión del Ejército hacia Villavicencio y luego ella los alcanzó dos dias después.
Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, que busca restituir los derechos a las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras, esta familia acudió a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para que llevara su caso ante la justicia.
Hoy, la mujer reside en Villavicencio y sus hijos están en el exterior, por lo que perdieron el arraigo. El juez declaró a esta familia víctima de abandono forzado de predios y ordenó la compensación como medida reparadora.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que “la historia de esta madre cabeza de hogar es un testimonio de resiliencia y esperanza en medio de las sombras del pasado. Esta familia beneficiaria con la sentencia de restitución de tierras, tendrá derecho a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral”.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
