Un lamentable hecho de intolerancia se presentó en el barrio Villa Teresa, del municipio de Acacías; donde tres personas resultaron muertas.

De acuerdo a información extraoficial lo que inició como una presunta discusión por causas desconocidas entre vecinos terminó en tragedia.

Sobre el hecho se indicó que Justo Riveros habría citado a Rafael Perdomo en su vivienda, donde también se encontraba su esposa, Luz Marina García, minutos después se inició la discusión y Riveros presuntamente disparó contra Perdomo en dos ocasiones, causándole la muerte, posteriormente disparó contra su esposa, hiriéndola gravemente, la mujer aunque fue trasladada con vida a urgencias falleció poco después.

Tras atacar a su esposa y vecino, Riveros intentó quitarse la vida, fue trasladado con signos vitales al Hospital donde falleció varias horas después.

Autoridades reiteran la importancia de solucionar las diferencias a través del diálogo para evitar este tipo de tragedias que hoy enlutan a tres familias.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Renacer’, entre ellos al concejal de Puerto López (Meta), Carlos Orlando Heredia Leal, y al exinspector de policía, Carlos Gilberto Romero Parrado, como presuntos responsables de desplazamientos y usurpación de tierras en el oriente del país.

Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, desplazamiento forzado, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada; y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Además de los funcionarios, los otros afectados con la decisión son: Sibel Rubiano Galvis, Carlos Enrique Osorio, Álvaro Cegua García, Luis Eduardo Quiceno Tonguino, Celerino Marín Moreno, Bernardo Antonio Ramírez Montoya, Manuel Leonardo García Herrera y Pedro Alejandro Rojas Campos.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, ‘Renacer’ desplazaba a los dueños de fincas en Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán (Meta). Posteriormente, el concejal Heredia Leal y el exinspector Enrique Osorio, al parecer, facilitaban los trámites administrativos para que los predios pasaran a manos de terceros, quienes los vendían como propios a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

En otras ocasiones las propiedades habrían sido utilizadas para actividades delictivas relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas. Hasta el momento han sido acreditados tres eventos delictivos que involucran a igual número de fincas.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

Con el propósito de restituir los derechos étnico-territoriales del Resguardo Indígena Charco Caimán, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante la justicia especializada en Villavicencio.

“Con la acción judicial, se pretende reclamar 1.937 hectáreas y 802 metros cuadrados a favor del pueblo Wuanano, afectado por confinamiento, desplazamiento y abandono forzoso”, explicó Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta.

Barreto informó que el territorio colectivo está conformado por 48 familias que se ubican en la vereda La Rompida, del municipio de Mapiripán, al sur del departamento.

La demanda, radicada tras varios meses de acompañamiento y trabajo adelantado por el equipo de Asuntos Étnicos, tiene como objetivo lograr la reparación integral de esta comunidad indígena, que ha sido víctima del conflicto y la violencia por la presencia de grupos armados ilegales.

Entre las pretensiones de la demanda se encuentran: garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales; culminar el procedimiento administrativo de ampliación del territorio, tomando como base lo dispuesto en la Resolución Constitutiva del Resguardo, No 013 del 24 de mayo de 1996; tal como realizar la identificación cartográfica de linderos, que permita la verificación, rectificación y validación del territorio colectivo en relación con el área establecida en dicha resolución.

El director territorial añadió que “la URT solicitó a la justicia especializada, en coordinación con los entes y espacios territoriales, formular e implementar, de manera concertada con las autoridades del Resguardo Indígena Charco Caimán, el plan de retorno y/o reubicación. Esto con el fin de que la población desplazada logre su restablecimiento, a través de la generación de oportunidades y alternativas sostenibles de retorno al lugar de donde se vio forzada a salir, bajo la garantía de los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, tomando como referente lo expuesto por la comunidad en el escrito de demanda”.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – Dirección Territorial Meta