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Bloqueos en el peaje Puente Amarillo completan más de 100 días
Respecto al bloqueo permanente iniciado el pasado 2 de agosto en la estación de peaje Puente Amarillo de la concesión vial Villavicencio – Yopal, la Concesionaria Vial del Oriente S.A.S. informó que desde esa fecha, se han llevado a cabo más de 12 mesas de diálogo con los manifestantes, contando con la participación del Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Defensoría del Pueblo Regional Meta, la Gobernación del Meta y otras autoridades regionales.
En el marco de estas conversaciones, la ANI ha propuesto establecer tarifas diferenciales para los habitantes de Villavicencio, Restrepo y Cumaral, así como tarifas especiales los fines de semana para incentivar el turismo. Sin embargo, estas propuestas han sido rechazadas por los manifestantes, quienes argumentan una presunta ilegalidad del peaje, exigen su desmonte y el no pago de la tasa.
En más de 100 días de bloqueos, más de un millón de vehículos han transitado por el corredor Villavicencio – Yopal, lo que ha representado una pérdida para los recursos de la nación, como fuente de pago del Contrato de Concesión, superior a los 10.000 millones de pesos.
Es de resaltar que este proyecto de concesión, a octubre de 2024, presenta un avance de obra del 93% y ha generado más de 25.000 empleos durante su ejecución, convirtiéndose en uno de los proyectos 4G de concesiones con mayor longitud de desarrollo, mayor número de empleos generados y con una mejora sustancial de la infraestructura. Estas inversiones de obra y de operación de la vía se retribuyen con vigencias futuras de la nación y con el recaudo de peajes, por lo que la alteración en el cobro de la tasa de peaje afecta de manera grave y sistemática la economía del contrato y conlleva a un detrimento patrimonial para el Estado.
El pasado 12 de noviembre, las autoridades nacionales y departamentales tomaron la decisión de buscar el restablecimiento de la operación de la caseta de peaje Puente Amarillo. Para ello, personal de la concesionaria, con el acompañamiento de la Policía Nacional, intentó reanudar las actividades de la estación para realizar el cobro correspondiente. Sin embargo, el personal fue agredido física y verbalmente por los manifestantes, lo que hizo imposible restablecer el servicio.
Desde la concesión, hacen el llamado al diálogo para la búsqueda de una solución consensuada que beneficie a todas las partes.
Fuente: Covioriente
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
