META
Villavicencio, víctimas del despojo recibieron más de 1.300 hectáreas de tierra
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) avanza en el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, logrando una significativa contribución al restablecimiento y reconocimiento de los derechos territoriales de quienes han padecido el despojo y el abandono forzado de sus tierras por cuenta del conflicto armado. Hasta la fecha, en Villavicencio se han restituido 1.300 hectáreas y 6.155 metros cuadrados.
En la reciente sesión plenaria del Concejo Municipal, los profesionales de articulación y planeación de la Dirección Territorial Meta de la URT, presentaron un informe detallado sobre el progreso del proceso restitutivo. En total, se han recibido 382 solicitudes de restitución de tierras. Además, se han llevado 24 casos ante la justicia.
Así mismo, los jueces y magistrados han proferido 10 sentencias que han permitido resolver 22 reclamaciones. Se han implementado dos proyectos productivos en líneas de ganadería y porcicultura, con inversión de $52 millones. Todo esto reafirma el compromiso de la entidad con la reparación integral.
Esta presentación se realizó en el marco del Acuerdo 210 de 2013, que establece una sesión plenaria abierta para la participación activa de la Mesa de Víctimas y otras disposiciones. El objetivo principal fue evaluar el cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) en Villavicencio, y garantizar que las voces y necesidades de esta población sea escuchada.
La Unidad también señaló que ha desempeñado un papel protagónico en diversas instancias de articulación en pro de las víctimas, como las ferias campesinas y de la resiliencia, que promueven los emprendimientos y la venta de los ‘Frutos de la Restitución’; la participación activa en los comités de Justicia Transicional, subcomités de Reparación Integral y socializaciones sobre la Ley y la ruta de la restitución, formando a más de 10.000 personas.
A la sesión plenaria del Concejo de Villavicencio, también asistieron para rendir informe: la Alcaldía Municipal, la Fuerza Pública, el SENA, ICBF y Personería Municipal, tal como otras entidades encargadas del cumplir la Ley 1448 de 2011.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
