META
Villavicencio, víctimas del despojo recibieron más de 1.300 hectáreas de tierra
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) avanza en el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, logrando una significativa contribución al restablecimiento y reconocimiento de los derechos territoriales de quienes han padecido el despojo y el abandono forzado de sus tierras por cuenta del conflicto armado. Hasta la fecha, en Villavicencio se han restituido 1.300 hectáreas y 6.155 metros cuadrados.
En la reciente sesión plenaria del Concejo Municipal, los profesionales de articulación y planeación de la Dirección Territorial Meta de la URT, presentaron un informe detallado sobre el progreso del proceso restitutivo. En total, se han recibido 382 solicitudes de restitución de tierras. Además, se han llevado 24 casos ante la justicia.
Así mismo, los jueces y magistrados han proferido 10 sentencias que han permitido resolver 22 reclamaciones. Se han implementado dos proyectos productivos en líneas de ganadería y porcicultura, con inversión de $52 millones. Todo esto reafirma el compromiso de la entidad con la reparación integral.
Esta presentación se realizó en el marco del Acuerdo 210 de 2013, que establece una sesión plenaria abierta para la participación activa de la Mesa de Víctimas y otras disposiciones. El objetivo principal fue evaluar el cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) en Villavicencio, y garantizar que las voces y necesidades de esta población sea escuchada.
La Unidad también señaló que ha desempeñado un papel protagónico en diversas instancias de articulación en pro de las víctimas, como las ferias campesinas y de la resiliencia, que promueven los emprendimientos y la venta de los ‘Frutos de la Restitución’; la participación activa en los comités de Justicia Transicional, subcomités de Reparación Integral y socializaciones sobre la Ley y la ruta de la restitución, formando a más de 10.000 personas.
A la sesión plenaria del Concejo de Villavicencio, también asistieron para rendir informe: la Alcaldía Municipal, la Fuerza Pública, el SENA, ICBF y Personería Municipal, tal como otras entidades encargadas del cumplir la Ley 1448 de 2011.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
