META
Tribunal ordenó restituir predio a hermanos desplazados por la guerrilla en Mesetas
El Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia a favor de una familia víctima de abandono forzado de tierras, integrada por dos hermanos que, desde 1975, vivían en el predio conocido como ‘La Esperanza’, ubicado en la vereda Los Alpes del municipio de Mesetas, en el departamento del Meta.
La historia de esta familia se remonta a la época en que la madre (q.e.p.d.), adquirió la propiedad con la esperanza de cultivar pastos para la ganadería y construir un hogar junto a sus hijos. Con una extensión de cinco hectáreas más 285 metros cuadrados, ‘La Esperanza’ simbolizaba el sueño de una vida tranquila y próspera. Sin embargo, la llegada de la guerrilla de las Farc-EP a la región transformó ese sueño en una pesadilla.
Desde 1988, los habitantes de Los Alpes comenzaron a recibir amenazas por parte de las Farc y eran obligados a asistir a reuniones. En 1992, uno de los hermanos fue secuestrado durante cuatro meses, por negarse a asistir a un encuentro con un guerrillero conocido como alias ‘Chucho’. Durante su cautiverio, fue obligado a cavar su propia tumba, un acto que marcó su vida. A pesar de lograr escapar con la ayuda de uno de sus familiares, el hostigamiento no cesó. La familia enfrentó quince días de terror y presión constante por parte de los insurgentes, quienes exigían información sobre sus actividades.
Ante esta situación insostenible y temiendo por sus vidas, los hermanos decidieron desplazarse y abandonar su finca. Con el tiempo, su predio fue ocupado por otra familia que recibió la adjudicación por parte del antiguo INCORA en 1999, bajo el nombre de ‘La Pirámide’. Sin embargo, los nuevos ocupantes alegaron que la dueña del predio les había vendido la propiedad.
Fue entonces cuando la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Villavicencio conoció el caso y lo llevó ante la justicia. En su veredicto, el Tribunal no solo reconoció a los hermanos como víctimas de abandono forzado, sino que también determinó que los opositores no habían demostrado buena fe exenta de culpa.
La sentencia ordena la nulidad de la adjudicación realizada por el INCORA y decreta la devolución del predio a sus legítimos dueños. Además, se garantiza que los hermanos tendrán acceso a la oferta institucional del Estado para ayudarles en su proceso de reparación integral. Este fallo devuelve la esperanza a las víctimas del despojo y abandono forzado en el municipio de Mesetas, que cuenta con 573 solicitudes, 60 casos llevados ante la justicia y dos sentencias.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – Dirección Territorial Meta
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre que habría agredido sexualmente a una menor de 11 años, en hechos ocurridos en 2022, en un sector urbano de Puerto Gaitán.
Un fiscal seccional, imputó al procesado de 31 años, el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargo que no fue aceptado.
De acuerdo con la investigación, el hombre que vivía en el mismo sector de la víctima, la habría abordado en el momento que la menor se encontraba sola y la sometió a vejámenes sexuales.
El presunto agresor fue capturado por uniformados de la Policía, la Armada y el Ejército Nacional, en zona rural del municipio, donde intentó esconderse.
La Fiscalía investiga si hay más personas que serían víctimas de este actuar delincuencial.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Policía Nacional en el departamento del Meta señaló que investiga los hechos registrados en la mañana del lunes, 18 de noviembre en el municipio de Guamal, donde una menor de 5 años de edad identificada como Sara Natalia Camacho fue hallada sin signos vitales al interior de una su vivienda.
Uniformados de la Estación de Policía de ese municipio al recibir una llamada telefónica sobre este hecho, se desplazaron de manera inmediata hacia el domicilio ubicado en la vereda Santa Bárbara, donde ya hacía presencia personal médico local quienes confirman el deceso de la menor.
Se conoció que fue el padrastro de la menor quien denunció la situación, indicando a las autoridades que la niña salió de la vivienda sobre las 11 de la noche y regresó en la madrugada del 18 de noviembre.
Un equipo especializado de la SIJIN fue designado para iniciar las investigaciones correspondientes a este caso, con el objetivo de conocer las posibles causas del fallecimiento de la infante de tan solo cinco años de edad.
La Fiscalía General de la Nación junto con Comisaría de Familia, llegaron a la vivienda en aras de apoyar el proceso de investigación y acompañamiento a los familiares.
Fuente: Policía Meta
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Sonia Paola Montoya Narváez y Anwar Zamir Abdala Herrera, como presuntos responsables del delito de estafa agravada masa, debido a su eventual responsabilidad en los hechos ocurridos entre 2015 y 2022 en Villavicencio y Puerto López (Meta).
En uno de los casos ocurrido entre diciembre de 2017 y septiembre de 2020, Montoya Narváez, como representante legal de una sociedad y directora comercial de un concesionario automotriz, habría recibido 297’300.000 de pesos por la venta de vehículos, los cuales nunca entregó a los compradores. Por estos hechos la mujer fue capturada en el barrio San Fernando de Villavicencio (Meta).
Por otra parte, entre noviembre de 2015 y agosto de 2022, Abdala Herrera se habría hecho pasar por comerciante de vehículos y viviendas, que no eran de su propiedad. El procesado habría firmado los contratos de compraventa y traspasos como si fuera el dueño de los bienes por los cuales se cree recibió 232’000.000 de pesos. El hombre fue capturado en vía pública del barrio San Antonio de la capital del Meta.
Las detenciones fueron realizadas por servidores del CTI en articulación con la Policía Nacional. En audiencias preliminares, los procesados aceptaron su responsabilidad en los cargos imputados por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA).
Jueces de control de garantías impusieron medidas privativas de la libertad en los lugares de domicilio de cada uno de los investigados.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
