META
Tribunal ordenó restituir predio a hermanos desplazados por la guerrilla en Mesetas
El Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia a favor de una familia víctima de abandono forzado de tierras, integrada por dos hermanos que, desde 1975, vivían en el predio conocido como ‘La Esperanza’, ubicado en la vereda Los Alpes del municipio de Mesetas, en el departamento del Meta.
La historia de esta familia se remonta a la época en que la madre (q.e.p.d.), adquirió la propiedad con la esperanza de cultivar pastos para la ganadería y construir un hogar junto a sus hijos. Con una extensión de cinco hectáreas más 285 metros cuadrados, ‘La Esperanza’ simbolizaba el sueño de una vida tranquila y próspera. Sin embargo, la llegada de la guerrilla de las Farc-EP a la región transformó ese sueño en una pesadilla.
Desde 1988, los habitantes de Los Alpes comenzaron a recibir amenazas por parte de las Farc y eran obligados a asistir a reuniones. En 1992, uno de los hermanos fue secuestrado durante cuatro meses, por negarse a asistir a un encuentro con un guerrillero conocido como alias ‘Chucho’. Durante su cautiverio, fue obligado a cavar su propia tumba, un acto que marcó su vida. A pesar de lograr escapar con la ayuda de uno de sus familiares, el hostigamiento no cesó. La familia enfrentó quince días de terror y presión constante por parte de los insurgentes, quienes exigían información sobre sus actividades.
Ante esta situación insostenible y temiendo por sus vidas, los hermanos decidieron desplazarse y abandonar su finca. Con el tiempo, su predio fue ocupado por otra familia que recibió la adjudicación por parte del antiguo INCORA en 1999, bajo el nombre de ‘La Pirámide’. Sin embargo, los nuevos ocupantes alegaron que la dueña del predio les había vendido la propiedad.
Fue entonces cuando la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Villavicencio conoció el caso y lo llevó ante la justicia. En su veredicto, el Tribunal no solo reconoció a los hermanos como víctimas de abandono forzado, sino que también determinó que los opositores no habían demostrado buena fe exenta de culpa.
La sentencia ordena la nulidad de la adjudicación realizada por el INCORA y decreta la devolución del predio a sus legítimos dueños. Además, se garantiza que los hermanos tendrán acceso a la oferta institucional del Estado para ayudarles en su proceso de reparación integral. Este fallo devuelve la esperanza a las víctimas del despojo y abandono forzado en el municipio de Mesetas, que cuenta con 573 solicitudes, 60 casos llevados ante la justicia y dos sentencias.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – Dirección Territorial Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
